Nuevo modelo de financiación autonómica

Unidad Popular plantea la necesidad urgente de modificación del modelo de financiación autonómica, proponiendo un nuevo modelo que tenga como objetivo central la garantía de los derechos sociales y económicos de la mayoría social en todo el Estado español. El Nuevo Modelo de Financiación Autonómica (NMFA) deberá garantizar la prestación de los servicios sociales (sanidad, educación, bienestar social, dependencia, vivienda, es decir, los Servicios Públicos Fundamentales), que son responsabilidad autonómica y que actualmente están siendo conculcados en buena medida por la política desarrollada desde el Estado central con el mantenimiento de exigencias de déficit asimétricas que hacen recaer los recortes sobre las administraciones que sostienen el Estado del Bienestar: comunidades autónomas y municipios.
La propuesta política de UP se desarrolla con el concepto de Servicios Fundamentales y Servicios Públicos Universales, unos servicios que constituyen un derecho subjetivo y universal y que identifican el conjunto de derechos constitucionales que deben garantizar las administraciones públicas. Así mismo, la alternativa política para este NMFA se define en clave federal y debe incorporar la vertiente municipalista en la garantía del conjunto de derechos sociales, culturales y económicos. Nuestra propuesta está enfrentada a la lógica, impuesta por parte del Estado, de resolución de la infrafinanciación, cómo ha sido el Fondo de Liquidez Autonómica, generador de endeudamiento y de intereses que agravan la situación de insolvencia financiera de algunas comunidades autónomas, entre las que destaca el caso valenciano. El NMFA debe equiparar los niveles de ingresos por habitante con las correcciones necesarias (como bajas densidades de población, por ejemplo) y resolver el déficit generados en algunas comunidades autónomas y, con él, la deuda pública acumulada. Cabría, por ello, reconocer como deuda histórica la acumulada a causa de una infrafinanciación reiterada.
El Nuevo Modelo de Financiación Autonómica debería sentar unas nuevas bases de distribución de los recursos que rompa el llamado status quo sobre el que se han construido los diferentes modelos vigentes hasta el momento y parta de otras. Entre ellas:
• Garantizar la equidad en la satisfacción de los derechos sociales y económicos del conjunto de la ciudadanía.
• Contribuir a la desmercantilización en la prestación de los servicios públicos fundamentales, especialmente sanidad, educación y servicios sociales.
• Ser compatible con la construcción política en clave federal del Estado, donde todas y cada una de las administraciones mantengan los principios de corresponsabilidad y lealtad institucional.
• Apostar por la responsabilidad fiscal de las administraciones ante la ciudadanía, incrementando la relación entre los ingresos y los impuestos recaudados a su territorio, así como garantizar la solidaridad interterritorial
• Estar coordinado con una política fiscal, tanto federal como autonómica, que se centre en la lucha contra el fraude fiscal y la desfiscalización como eje vertebrador. Todo el mundo tiene que contribuir de acuerdo con su renta y tiene que recibir de acuerdo con sus necesidades.
• Desarrollar los principios de auditoría pública y ciudadana y la rendición de cuentas, así como el de suficiencia de los ingresos para garantizar la plena satisfacción de los derechos fundamentales.
El detalle de la propuesta política de este modelo se basa en:
• La distribución equitativa de las asignaciones que garantice el acceso, por parte de la ciudadanía, a los servicios públicos fundamentales, garantizando el cumplimiento del principio de equidad horizontal.
• La corresponsabilidad fiscal para conseguir la suficiencia de las fuentes de ingresos (central y autonómica) para atender las funciones que tienen encomendadas, con lo cual se cumple el principio de equidad vertical.
• La lealtad institucional entre administraciones, en la toma de decisiones y en la transparencia informativa en materia de recaudación y lucha contra el fraude fiscal.
• La autonomía en la captación de los ingresos, mediante la capacidad normativa, así como en las decisiones de gasto.
• La financiación de las comunidades autónomas debe garantizarse mediante un modelo de carácter multilateral y federal, con impuestos cedidos y propios y con otros fondos que contribuyan al desarrollo económico y social de los diferentes territorios y naciones del estado.
La deuda pública de las comunidades autónomas, denostada desde el estado y las tendencias recentralizadoras, no es un problema, según lo entiende la doctrina política y económica neoliberal. La deuda ha sido el instrumento empleado por parte de grupos económicos vinculados al poder político y económico para socializar las responsabilidades de estos grupos en la gestación y posterior gestión de la crisis social y económica actual. En el marco autonómico, la deuda pública responde a la desfiscalización llevada a cabo por las contrarreformas fiscales del PP, por la política de derroche y la corrupción y por el deficiente sistema de financiación autonómica. Para resolver la deuda hace falta apelar a los principios de justicia económica, equidad y solidaridad y apostar por la reestructuración de la deuda como una de las soluciones del problema.
Desde el estado se impulsará un proceso de auditoría de las diferentes deudas autonómicas, basado en principios legales que permitan una solución justa, equitativa y liberadora de los efectos del endeudamiento, así como emancipadora mediante el conocimiento objetivo de los datos y la crítica colectiva de sus efectos, con la participación de los agentes sociales, sindicados, plataformas en defensa de los derechos sociales, etc. Es por eso que proponemos en el marco del nuevo modelo de financiación auditorías públicas y ciudadanas, así como comisiones de investigación que expliquen el origen de la deuda. Estas auditorías deberán responder a las preguntas de cómo se ha producido este endeudamiento, cuáles han sido las decisiones políticas, tanto de ingresos como de gasto, que han contribuido a su crecimiento y volumen, y quiénes han sido los beneficiarios de estas decisiones, entre otros.
Además, reclamaremos un mayor y mejor financiación para los ayuntamientos. Por todo esto, aplicaremos y desarrollaremos los principios de evaluación y auditoría ciudadana y pública de toda política. Apostamos por romper la lógica impuesta como consecuencia del cambio constitucional del artículo 135, trabajando con los conceptos de deuda ilegítima y odiosa, para contribuir al análisis social y económico de las políticas públicas llevadas a cabo en los últimos años por las diferentes administraciones autonómicas. Por eso, en tanto no sea derogado el citado artículo en el marco del proceso constituyente (o mediante cualquier otro procedimiento más urgente), se deberá derogar la actual Ley de Estabilidad presupuestaria en un sentido que permita anteponer el cumplimiento y la satisfacción de los servicios fundamentales a dicho precepto de estabilidad, con el espíritu y literalidad dela redacción del artículo 158 de la Constitución Española.