Trabajo Garantizado

El sistema de Trabajo Garantizado debería ser una propuesta emblemática de Unidad Popular. Adjunto el texto íntegro de la propuesta de Unitat Popular Valencia:

Establecimiento de un sistema de Trabajo Garantizado que asegure un puesto de trabajo para atender necesidades sociales a todas las personas en edad laboral y condiciones adecuadas de salud, con un salario mínimo igual al 60% de la renta media y una jornada laboral de 35 horas semanales; en este marco, garantía de una renta mínima para todas las personas. El sistema de Trabajo Garantizado, que ha de garantizar el derecho al trabajo como derecho subjetivo (punto 20), ha de tener las características de lo que podría denominarse como una “renta básica sostenible“, incluyendo su eventual universalidad y la garantía de una renta mínima. Eso sí, entendiendo que toda renta no especulativa proviene del trabajo directa o indirectamente (incluyendo en su caso su explotación y su tributación),  la renta no debe desvincularse del trabajo. Pero el sistema de Trabajo Garantizado, cuando esté totalmente desplegado, ha de ser virtualmente universal, en tanto que toda persona en edad laboral ha de poder acogerse a él, sustituyendo en su caso trabajos precarios o mal pagados.

Al mismo tiempo, la satisfacción de las necesidades sociales ha de desmercantilizarse progresivamente, comenzando por la educación (punto 7), la sanidad (punto 8) y los servicios sociales, mediante servicios públicos universales y gratuitos, lo que algunos han llamado “renta básica en especies”. A través de este proceso de desmercantilización irá disminuyendo el salario mínimo en metálico necesario para vivir dignamente.

La cobertura del Trabajo Garantizado, la renta mínima y los servicios públicos se hará a través de una reducción drástica de gastos militares (punto 18) y suntuarios y de las retribuciones totales de los cargos públicos (que no deben superar la renta media), la lucha contra el fraude fiscal, la supresión de las exenciones fiscales a la Iglesia (punto 11) y el aumento de los impuestos a las rentas más altas hasta donde sea necesario (punto 15), estableciendo en su caso una renta neta máxima, y recurriendo en la medida que sea necesario a la emisión de medios propios de pago (punto 16), que podrán utilizarse también para el pago de impuestos, en un monto total que no deberá superar el porcentaje de la masa monetaria determinado por la contribución fiscal media.

Plan  de aplicación:

Los números indicados son estimativos, y deberán refinarse con un estudio presupuestario en profundidad.

El salario social mínimo vinculado al Trabajo Garantizado, calculado como el 60% de la renta media, puede estimarse en unos 850 euros netos al mes por 35 horas semanales de trabajo social, exentos de tributación.

Con carácter inmediato deberá aplicarse un plan de choque contra la exclusión social, en línia con la reivindicación sindical, con un subsidio de unos 425 euros al mes para los 2 millones de personas más necesitadas, con un coste total de unos 10.000 millones de euros. Durante el primer año se irá desarrollando la primera fase del Trabajo Garantizado, financiado por el Estado y gestionado por los Ayuntamientos, cubriendo a un millón de personas en sustitución del subsidio indicado, lo que requerirá unos 5.000 millones de euros más. Estos planes incluirán a las personas salidas de prisión en vistas a su reinserción.

Durante el segundo año se extenderá el Trabajo Garantizado a un millón más de personas. En la medida en que ello absorba al resto del subsidio indicado, su coste será de unos 5.000 millones de euros más.

Durante cada uno de los dos años siguientes se extenderá el Trabajo Garantizado a un millón más de personas, con un coste de unos 10.000 millones de euros más cada año.

Al final de este proceso de 4 años se establecerá el Trabajo Garantizado como derecho subjetivo universal para todas las personas entre 16 y 65 años, configurándose como una base mínima para las condiciones laborales, dado que las empresas privadas tendrán que superarlas eventualmente para poder contratar trabajadores. Para los jóvenes de más de 16 años que estén estudiando, sus estudios se considerarán como una plasmación del Trabajo Garantizado retribuido mediante becas-salario (punto 7).

Paralelamente, se asegurará a partir de los 65 años (edad que podrá reducirse progresivamente hasta 60 en la medida en que las condiciones lo permitan) una pensión mínima de 850 euros al mes, complementándose hasta dicha cantidad en la medida que sea necesario.

Y se establecerá también un subsidio de 425 euros al mes por cada persona menor de 16 años, comenzando por quienes se encuentren en una situación de mayor necesidad. Dicho subsidio podrá extenderse a las personas entre 16 y 65 años que por una u otra razón no se encuentren en condiciones de trabajar, las cuales serán atendidas también por los servicios sociales para atender a sus necesidades básicas.

Sistema final:

Cuando esté completamente implantado, el sistema será el siguiente:

    1. Renta Básica personal, universal e incondicional del 30% de la renta media.
    2. Trabajo Garantizado como derecho subjetivo para toda persona entre 16 y 65 años, con un salario mínimo del 60% de la renta media.
    3. Jubilación voluntaria a los 60 años (o antes en caso de discapacidad) con una pensión mínima igual al salario mínimo.
    4. Quienes tengan unos ingresos propios brutos menores o iguales al salario mínimo tendrán una contribución fiscal bruta del 50%. De ese modo, para quienes tengan unos ingresos iguales al salario mínimo su contribución fiscal bruta igualaría a la cantidad recibida como renta básica, por lo que su contribución fiscal neta sería del 0%. Y quienes tuvieran ingresos inferiores tendrían una contribución fiscal neta negativa.
    5. Quienes tengan unos ingresos propios brutos superiores al salario mínimo tendrán una contribución fiscal bruta progresiva superior al 50%, de la cual se descontará la renta básica.