Como queremos Sanidad Publica, Universal de calidad y sin sesgos de genero. Consenso de varios Nodos

La Sanidad debe ser Universal

El derecho a la salud es un derecho universal básico, reconocido en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos así como por el artículo 43 de la Constitución Española. Todos los poderes públicos deben contribuir a garantizarlo a todas las personas por el mero hecho de existir.

Se deben emprender las reformas legislativas necesarias para garantizar un modelo basado en la extensión del derecho universal e igualitario a la asistencia sanitaria de toda la población con un Sistema Nacional de Salud público, universal, de calidad, integral, solidario y equitativo, que garantice el derecho constitucional de la ciudadanía a la protección, prevención y promoción de la salud, sin discriminación de ningún tipo y que ningún español ni ningún extranjero residente en España queda excluido.

La Sanidad debe ser Pública

La asistencia sanitaria deber ser suficiente, con financiación, gestión y provisión públicas.
Se prohibirá expresamente la privatización de cualquier infraestrucutura sanitaria publica.
Se realizarán cambios legislativos a nivel estatal que faciliten los procesos de devolución a manos públicas de lo privatizado en los servicios autonómicos de salud.
Nos oponemos a las Unidades de Gestión Clínica y la privatización de la microgestión, defendiendo una gestión participativa de la sanidad.
El papel de los poderes públicos en materia de salud y sanidad no debe limitarse a la gestión y propiedad de servicios y centros sanitarios. Es necesario reforzar su papel en ámbitos estratégicos de actuación, tales como formación, investigación, sector farmacéutico y de tecnología sanitaria, informática y sistemas de información sanitaria, etc.

Es necesario profundizar en la integración del sistema frente a la fragmentación del mismo en 17 sistemas de salud autonómicos independientes enfrentados entre sí por relaciones de competencia.
Para conseguirlo introduciremos mejoras y cambios en el actual CIS hasta conseguir dotar al SNS de los órganos de gobierno y coordinación necesarios para el desarrollo de sus funciones, garantizando la participación ciudadana, la existencia y representación de los servicios regionales de salud y de servicios sociales, buscando el mayor grado de consenso. Para ello se realizarán los cambios legislativos y normativos que sean necesarios.
El Consejo tendrá un papel determinante en la planificación sanitaria, en las políticas de personal, en el reconocimiento de las prestaciones asistenciales básicas y en la redistribución de la financiación, siendo sus acuerdos vinculantes.

Nos oponemos a la aprobación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, al tratado de libre comercio entre Canadá y la UE (CETA) y el Acuerdo sobre el Comercio de Servicios (TISA) por su implicación sobre la privatización de los sistemas sanitarios así como por su impacto negativo sobre la salud de las personas.

La Sanidad debe ser de Calidad

De forma transversal, la salud es afectada por el conjunto de politicas de un gobierno. Es fundamental que exista un plan de salud estatal, como se contempla en la Ley General de Sanidad, que permita fijar los objetivos de salud, planificar la distribución de los recursos en todo el estado con el objetivo de garantizar la adecuación, suficiencia y equidad en función de las necesidades y problemas de salud de la población, que integre las políticas de salud laboral y medioambiental, que responda a las necesidades de salud de la población antes que a los intereses de determinados actores privilegiados (industria, etc.).

Bajo el principio de priorizar la salud en todas las políticas, se establecerá una Declaración de Impacto en Salud obligatoria,

Se ampliará la Cartera de Servicios para que tenga en cuenta todas las necesidades de salud (odontología, prótesis, psicología etc.) Se eliminarán los repagos establecidos por el RDL 16/2012 y se financiarán los tratamientos que fueron excluidos por el mismo.
Además se ampliará la exención del repago farmacéutico para todas las personas sin ninguna prestación económica y, a largo plazo, a todas aquellas que declaren ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional.
Nos comprometemos a no imponer nuevas tasas a la enfermedad (por ejemplo, el euro por receta)

Iniciar un proceso de reversión de la actual tendencia medicalizadora, motivada por una visión biologicista de la salud y por la cultura de consumo.
El sistema de salud debe ser independiente de las industrias que intentan convertir el campo de la salud en su negocio. Para ello,crear una Agencia de Salud Pública, que eduque a la población elaborando recomendaciones preventivas y guías de salud basadas en la evidencia científica.
Se elaborará una política farmacéutica integral, garantizando el tratamiento a todos los pacientes que lo necesiten, fomentando una docencia, investigación y producción/distribución de fármacos y productos sanitarios predominantemente pública, cuyo objetivo sea atender las necesidades reales de la población para mejorar su salud, dejando de financiar y/o prohibiendo la inclusión en la categoría de fármacos productos de nula utilidad o que solo demuestran servir para crear falsas necesidades y expectativas en la población con un fin lucrativo.
Ademas de incluirse obligatoriamente en todos los estudios de investigacion dentro de las ramas sanitaria y farmaceutica la eliminación de los sesgos de genero, e inclusion de transgénero en los mismo

Se mejorará y ordenará la informatización del sistema sanitario, impulsando una historia clínica común. Se debe fomentar la creación de órganos de participación ciudadana. Unificación de los sistemas de registros públicos de datos médicos.
Hacemos una defensa real y comprometida con el software libre. Pondremos en marcha el cambio de los sistemas informáticos de la Administración siguiendo los parámetros y recomendaciones de la Free Software Foundation Europe, con el objetivo de lograr la soberanía tecnológica, que permita acometer la desprivatización los sistemas de información y, en consecuencia, los sistemas de información sanitarios.

La legislación estatal debe contemplar la creación de Consejos de salud autonómicos y Consejos de salud en cada una de las áreas sanitarias y se establecerá una estrategia de fomento de la participación ciudadana en los mismos.