Borrador Manifiesto Actualizado

Os copio el Manifiesto actualizado por si queréis modificar cualquier cosa. Si dais el visto bueno, lo publicamos en el grupo de Face.

MANIFIESTO DE PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DEL PRÉSTAMO RENTA UNIVERSIDAD (PRU).

En el año 2007 el Gobierno de España lanzó y publicitó ampliamente una nueva línea de financiación para personas que desearan realizar cursos de post-grado oficiales y no tenían disponibilidad económica, a través de una línea de crédito ICO con condiciones ventajosas para los solicitantes, llamada “Préstamo Renta Universidad“. Dentro de las ventajas, se incluía el interés 0% y la posibilidad de poder prorrogar su amortización si no se superaba una renta anual de 22.000€ (y si se mantenía así 15 años, prescribía la deuda).

Esto animó a muchos jóvenes a lanzarse a pedir dicho préstamo, con la esperanza de que sirviera para abrirse camino en un futuro nada alentador para el mundo laboral.

Las condiciones fueron endureciéndose gradualmente convocatoria tras convocatoria (2008/2009, 2009/2010, 2010/2011), hasta llegar a eliminar por completo (convocatoria 2008/2009) el umbral de los 22.000€ de renta anual para poder prorrogar su amortización. Es decir, se debe devolver el préstamo aunque no se haya encontrado trabajo y se carezca de ingresos. En cuanto a los intereses, se incluyó un interés fijo cotizado por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) quincenalmente (sobre un 3,6% TAE) en la convocatoria 2010/2011, así como un interés de demora del 10% TAE (convocatoria 2009/2010). Esta línea de préstamo se derogó pocos días antes del plazo del curso 2011/2012, dejando a muchos estudiantes de dicho año sin poder solicitarlo.

De acuerdo con Blaug y Moreno (1984), un Préstamo-Renta se caracteriza porque su devolución está condicionada a la renta del deudor o prestatario. Este tipo de préstamos sólo tienen que ser devueltos en el caso de que el individuo alcance un cierto nivel de renta (por ejemplo la renta media del país); y la cantidad a devolver en cada período se establece en función de los ingresos obtenidos por el universitario (por ejemplo 4% de la renta anual en el caso de Suecia). De esta manera se elimina el riesgo individual ya que una persona en paro o con ingresos reducidos no tiene que devolver el préstamo. El conjunto de la sociedad asume el riesgo de la inversión en capital humano de cada generación. (Fuente: http://www.mecd.gob.es/dctm/revista-de-educacion/articulosre318/re3180407707.pdf?documentId=0901e72b81270ba7)

Si bien, esta Plataforma consiguió que el Ministerio de Educación ampliara la carencia y amortización de los préstamos, lo que supuso cierto alivio para algunos, consideramos que esta medida no es una solución definitiva admisible, debido a que al terminar el nuevo período de carencia dentro de 1 ó 2 años la situación será aún peor para los que no hayan podido encontrar un trabajo digno. Al aumentar el número de cuotas durante el período de amortización, el interés aumentará considerablemente beneficiando solamente a la entidad bancaria y en ningún caso a la persona deudora.

Tras todo esto, la situación para muchos jóvenes a los que se les concedieron los préstamos es dramática: las cifras de paro no han dejado de subir de forma alarmante, destacando las cifras de paro juvenil y el alto porcentaje entre los titulados con máster; un paro que es responsabilidad principal del Gobierno, y cuyo aumento se ve incapaz de frenar, imposibilitando a muchos de los afectados devolver su deuda.

Por todo ello, los afectados denunciamos:

1. Los jóvenes que nos encontramos actualmente endeudados por estos préstamos no lo estamos por capricho, sino por invertir en formación. Sin embargo, nos resulta imposible acceder al mercado laboral y los que sí lo consiguen, lo hacen en condiciones precarias.

2. En realidad, fue el Estado, con el impulso de los bancos, el que nos ofreció esta posibilidad de aumentar nuestros estudios a través de estos préstamos para estudiar un Máster Oficial a pesar de que muchos de nosotros no teníamos ningún tipo de ingreso, el mismo Estado que, a fecha de 2015, no es capaz de impulsar el empleo para los jóvenes bien formados.

3. Por supuesto, no pretendemos que se nos perdonen los préstamos. Nuestra intención es pagar nuestras deudas en cuanto tengamos trabajo. Nosotros asumimos nuestra responsabilidad, pero pedimos que las autoridades competentes, que nos instaron a formarnos, asuman su responsabilidad por no haber velado por nuestro derecho constitucional al trabajo.

4. Los Préstamos Renta Universidad fueron vendidos como una inversión por parte del Estado en educación, formación y futuro. Sí, nosotros erramos al no prever cómo se desarrollarían las cosas, pero el suyo es un error garrafal impulsando créditos a una población en la cual según el informe “Panorama de la Educación 2014” de la OCDE, la tasa de paro entre los adultos con estudios terciarios (FP de grado superior y Universidad) es del 14%, casi 3 veces por encima de la media de OCDE (5%), ignorando que el desempleo de los titulados en España imposibilitaría su devolución. No tiene sentido que el Estado ofrezca como opción para seguir formándose préstamos estudiantiles y luego ignore la situación excepcional de desempleo que afrontamos, situación en la que tienen la mayor responsabilidad.

5. Si el Gobierno y la administración no toman ninguna medida de forma urgente, seremos muchos los jóvenes que nos veremos fuera de un sistema incluso antes de entrar en él. Con deudas de hasta 28.800 euros y sin la posibilidad de trabajar, los afectados nos veremos imposibilitados a la hora de empezar cualquier tipo de carrera laboral, que se verá lastrada por dicha deuda, contraída, insistimos, por el único deseo de estudiar, formarnos y acceder a un empleo.

6. Queremos indicar también que, en muchos casos, esta deuda está recayendo en la cabeza de familias ya atenazadas por las hipotecas y el desempleo. En una situación como la actual, 300€ mensuales son, para muchas familias, completamente inasumibles y, en muchos casos, causa de ruina, pobreza y auténticos dramas sociales.

7. En el caso de las convocatorias 2009/2010 y 2010/2011 no se especificó claramente el requisito sobre el umbral de los 22.000€ anuales en la publicidad del préstamo. Es más: hicieron lo posible por ocultarlo induciendo a pensar a los prestatarios que no debían aportar ninguna documentación al respecto y que sería la Agencia Tributaria quien realizaría una revisión anual.

Por todo lo anteriormente expuesto, los afectados pedimos:

1. Que las autoridades competentes asuman su parte del contrato social implícito. El Estado debe ser consciente de que vivimos una situación excepcional, que ninguna de las partes contratantes previó en el momento de firmar el acuerdo de Préstamo, pero que el Estado tiene una mayor carga de responsabilidad en no haber previsto y evitado lo sucedido. Debe reconocer que se concedieron estos préstamos sin prever que la situación económica de nuestro país llegaría a los límites de precariedad y paro juvenil actuales. Mientras estas condiciones continúen, no se puede cargar la responsabilidad exclusivamente sobre los hombros de los jóvenes.

2. La equiparación de las cláusulas del préstamo 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011 a las de la convocatoria 2007/2008. Es decir, que se haga frente al mismo cuando la persona deudora tenga un umbral de renta anual superior a los 22.000 euros.

Invitamos a las personas afectadas a sumarse a esta Plataforma. También invitamos a entidades y colectivos sociales a apoyar este manifiesto. Asimismo, invitamos a las administraciones a establecer un diálogo para avanzar en la aplicación de estas medidas. Mientras éstas no se apliquen, anunciamos que iniciaremos movilizaciones y las acciones necesarias para hacer respetar nuestros derechos.