La dación en pago (en latín datio in solutum) es la acción de dar algo para pagar una deuda. En el derecho anglosajón la dación en pago (Nonrecourse debt) es bastante común. Esta práctica suele aplicarse como sistema de pago final por parte del deudor de una hipoteca inmobiliaria de la que no puede hacerse cargo, entregando el inmueble, en vez de dinero, queda saldada la deuda.

INICIO DEL PROBLEMA E INICIATIVAS PARA EL CAMBIO LEGISLATIVO:

El estallido de la burbuja inmobiliaria (más correctamente debería denominarse burbuja crediticia) junto con la crisis, causada en gran medida por dicho estallido, provocan en España un importante aumento en los desahucios. Los propietarios no pueden pagar las altas cuotas de las hipotecas firmadas con los bancos por el aumento de los intereses y la pérdida de ingresos. Ante esta realidad, que deja a numerosas familias y ciudadanos en la calle, sin vivienda y con deudas muy importantes, surgen propuestas desde distintas organizaciones para modificar la Ley Hipotecaria. La propuesta máxima de reforma es la obligatoriedad para la entidad bancaria de aceptar la dación en pago (cancelación total de la deuda), propuestas intermedias son las de aumentar el porcentaje mínimo del valor del piso sobre la deuda o hipoteca y propuestas menores como establecer condiciones de demora sin pago de intereses en determinados casos para no llegar al desahucio.
En varias ocasiones se lleva la propuesta de la dación en pago al Congreso. En el año 2010, la Comisión de Vivienda, a propuesta de ICV aprueba, con el voto en contra del PSOE exigir al Gobierno evaluar las medidas necesarias para permitir la dación en pago.
En el año 2011, una sentencia judicial que, basándose en la institución del abuso de derecho (Artículo 7 del Código Civil), considera suficiente la entrega del piso para saldar la deuda1. A pesar del dictamen judicial, los partidos mayoritarios españoles rechazan cualquier modificación legal. Así, en febrero, los grupos parlamentarios de PSOE y PP rechazan en el Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley de ERC, IU e ICV, que reclamaba cambiar la legislación hipotecaria para obligar a las entidades bancarias a aceptar la dación en pago. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) así como la asociación Jueces para la Democracia reclaman que se vuelva a debatir en el Congreso la reforma de la Ley Hipotecaria y la penalización del comprador con la obligación de devolver la deuda completa aun entregando la vivienda. Meses después, de nuevo el PP y el PSOE, en la subcomisión del Congreso de los Diputados creada para reformar el sistema hipotecario, rechazan la propuesta de una proposición de ley por parte del BNG para reformar la legislación en materia hipotecaria que permitiera la dación en pago (votaron a favor IU, ICV y ERC).
Lo más importante sucedido en ese año es que se consolida la Iniciativa Legislativa Popular para promover el cambio de legislación hipotecaria y de la Ley de enjuiciamiento civil que permita aceptar la entrega del inmueble como pago y cancelación de la hipoteca. La Mesa del Congreso acepta a trámite la ILP sobre la Proposición de ley de regulación de la dación en pago, de paralización de los desahucios y de alquiler social promovida por la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas), CC.OO., UGT, CONFAVC (Confederació d'Associacions Veïnals de Catalunya), Taula d'entitats del Tercer Sector Social de Catalunya y el Observatori DESC.
Sobre esta ILP, la entonces Ministra de Economía Elena Salgado, declaraba que la dación en pago supondría un peligro para el sistema bancario español ya que los bancos han aceptado tasaciones muy por encima del valor real de la vivienda y la dación en pago supondría pérdidas millonarias para las entidades bancarias. Frente a esto, la OCU, Adicae y consultoras independientes denunciaban que se tasaban al alza los pisos que procedían de promotores y más a la baja los de particulares. Además, apuntaban que estas sociedades de tasación están participadas en muchos casos por los bancos y cajas para las que trabajaban (Tasamadrid controlada hasta 2012 por Bankia, Servatas hasta finales del 2011 de BBK, Kutxa y Caja Vital, VTH de la Caixa). En diciembre de 2012 se consigue mediante dicha presión mediática que el Banco de España obligue a las tasadoras a desligarse de la banca.
Durante el 2011 también crecía la presión popular en contra de los desahucios y a favor de la dación en pago. El 25 de septiembre hubo manifestaciones en 50 ciudades españolas convocadas por la PAH. A esa presión ciudadana se sigue sumando la de los Jueces para la Democracia que también defienden la dación en pago para saldar la deuda hipotecaria ya que la ejecución es una práctica que está dejando sin vivienda a decenas de miles de familias que, siendo deudores de buena fe, ven como no reciben la más mínima protección de las instituciones públicas, más preocupadas por salvar a los bancos.
En enero de 2012, UPyD plantea en el Congreso la dación en pago siguiendo el modelo "fresh start"2 de EEUU y algunos países europeos; así como la limitación de los intereses de demora, propuesta que fue rechazada por el Partido Popular.
El Ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, propuso en el congreso el establecimiento de la dación en pago de la vivienda cuando no se pueda hacer frente a una hipoteca para las familias que estén en un umbral de exclusión social (hogares con todas las personas en situación de desempleo, que no tengan rentas adicionales y cuyo patrimonio sea insuficiente).
Sin embargo, los bancos y cajas están en contra de la dación en pago, así como del cambio del marco hipotecario, ni siquiera para las nuevas hipotecas. La propuesta, que no les obliga a nada según denuncias de la PAH, sindicatos y otras organizaciones, solo llegaría a suponer el menor cobro de intereses en caso de desahucio, por lo que el efecto no sería económicamente relevante para la banca.
El Gobierno aprobó el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, que establece la dación en pago. Posteriormente, el 12 de julio de 2012, el BOE publicó la adhesión de 101 entidades bancarias.
En noviembre de 2012 el Gobierno del Partido Popular y el PSOE acuerdan un pacto sobre los desahucios. Ante esta propuesta la PAH considera que son los responsables políticos de los últimos gobiernos quienes han provocado esta situación -400.000 desahucios desde 2007- quienes han tomado medidas inútiles en los últimos años, quienes quieren tomarlas sin escuchar a los afectados y quienes han rechazado sistemáticamente las propuestas presentadas de los partidos ICV, IU y ERC. Respecto al Real Decreto sobre los desahucios aprobado por el Gobierno el 15 de noviembre, la PAH señaló que no supondrá ninguna mejora sobre la situación actual e incluso la empeora y que, además, las condiciones de la moratoria excluyen a la mayoría de la gente afectada.
En 2013, el Congreso aprueba por unanimidad admitir a trámite la ILP de la PAH que pide la dación en pago con carácter retroactivo para los lanzamientos hipotecarios de vivienda habitual.
La mayoría de los partidos presentaron enmiendas a la ILP y el PP unificó la tramitación de la ILP con una propuesta del Gobierno para una reforma de la Ley Hipotecaria. El PP rechaza la dación en pago y la paralización de los desahucios, al contrario que el PSOE que defiende la aplicación retroactiva de la dación en pago. IP (Izquierda Plural) mantiene el texto íntegro como enmienda a la totalidad y UPyD rechaza la aplicación retroactiva, planteando una Ley de Segunda Oportunidad.
El 27 de febrero de este año entra en vigor la Ley de Segunda Oportunidad, aprobada sin pasar por el Congreso de forma unilateral por el Gobierno, que incluye, entre otras cosas, la posibilidad de entrar en concurso de acreedores a los ciudadanos e incluso liquidar la deuda hipotecaria con la dación en pago.
El problema de esta “segunda oportunidad” es que exige que el solicitante sea considerado deudor de buena fe con unos requisitos demasiado exigentes (exigen que haya celebrado o intentado celebrar un acuerdo extrajudicial de pagos para intentar establecer un sistema de pagos o posibles quitas con los acreedores. Es importante remarcar que, para acceder a estos acuerdos, es obligatorio disponer del dinero para satisfacer los gastos del mismo).
Expertos de peso como la catedrática de Derecho Civil de la Universidad Complutense, Matilde Cuena Casas, recriminan que la nueva normativa queda corta si pretende que los deudores puedan volver a la economía productiva tras la debacle financiera. En sus palabras en el blog "Hay derecho”:
“Los créditos extinguidos por aplicación de la exoneración, pueden “resucitar” si al cabo de los cinco años incurre el deudor en alguna de las causas que pueden denegar la exoneración (por ejemplo, comete determinados delitos) o se constata que tiene ingresos o derechos ocultados, o incumple el plan de pagos o “mejorase sustancialmente su situación económica de manera que pudiera pagar todas las deudas pendientes sin detrimento de sus obligaciones de alimentos”.”
Es decir, si el deudor no puede pagar en 5 años las deudas que tenga con las Administraciones y demás conceptos no exonerados, o bien se recupera económicamente, los bancos podrán reactivar las deudas en su momento extinguidas, lo que no ofrece incentivos para que se salga de la economía sumergida.
Las limitaciones de la norma, junto a la necesidad de acudir a un concurso de acreedores, con los costes y complejidad que ello conlleva, alejan la "segunda oportunidad" de ser una verdadera dación en pago sencilla para las familias. Por otro lado, no elimina las obligaciones de los avalistas, lo que deja sin demasiado contenido la regulación, ya que los bancos pueden aumentar las exigencias de aportar avalistas y sortear los efectos de la normativa, además de no solucionar el problema a la mayoría de los afectados por las hipotecas que tienen como avalistas, en muchos de los casos, a propios familiares sin más recursos que la propiedad inmobiliaria que ofrecieron como aval.
MOTIVOS PARA LA DACIÓN EN PAGO:
Ya nadie pone en duda la injusticia de un ordenamiento jurídico que sobreprotege los intereses de las entidades financieras y que hace recaer todo el peso de la responsabilidad sobre la parte más vulnerable del contrato.
La razón más repetida como motivo de la negación a la dación en pago es que supondría el colapso del sistema bancario, pero no hay una cuantificación del coste de la medida, ya que no interesa que se pueda demostrar que ese motivo es falso. Según el INE y el Banco de España en 2010, desde que se alcanzó su máximo histórico en diciembre de 2007, el precio de la vivienda se había devaluado un 20% y los procedimientos de ejecución alcanzaban los 300.000. Durante el auge inmobiliario, el importe medio de las hipotecas era de 150.000 €, sin embargo, el importe medio de las hipotecas ejecutadas (sobre todo suscritas a partir de 2004) era mayor. Tirando al alza pongamos que la deuda media era de 250.000 €, puesto que la mayoría de los préstamos se concedían por el 100% del valor del inmueble, una depreciación del 20% implicaba que cada vivienda se habría devaluado 50.000 €. Si multiplicamos esos 50.000 € por la cantidad de viviendas ejecutadas, 300.000, nos da un total de 15.000 millones de euros. Una cantidad que, sin ser despreciable, es un 25% inferior a los beneficios que obtuvieron durante el ejercicio 2009, muy inferior a los 100.000 millones de euros del FROB, y mucho menos significante si lo comparamos con el total de ayudas que en concepto de avales, compra de activos tóxicos e inyecciones de liquidez han percibido los bancos. El problema por lo tanto no es lo que pierden, sino lo que dejan de ganar y para ello se permite que la responsabilidad de esa burbuja crediticia siga estando en manos de las familias empobrecidas por una deuda perpetua.
Por otro lado, el coste social de no aprobar la medida implica no solo la condena a la pobreza y a la exclusión social a millones de personas, sino que supone hipotecar las políticas sociales presentes y futuras. Supone una sangría para las finanzas públicas obligadas a subsidiar comedores, ayudas sociales de alquiler, etc… Supone, en pocas palabras, desviar lo que debería ser deuda privada de empresas que se han lucrado especulando y creando burbujas, a deuda pública que pagamos y tendremos que pagar todos.
Esa deuda perpetua además fomenta que millones de personas acudan a la economía sumergida ante la amenaza de embargo de su sueldo. Esto conlleva un incremento de la evasión de impuestos y una consecuente reducción de los ingresos públicos. Liberar a las familias de esa deuda supondría liberar unos recursos que contribuirían a reactivar la demanda interna y por lo tanto la economía.
En consecuencia, tanto por razones económicas como de justicia social, proponemos que la inclusión de la dación en pago en la Ley Hipotecaria, con efecto retroactivo, se recoja en las propuestas del programa electoral de las próximas elecciones nacionales.