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Mon 23 Feb 2015 9:15AM

Documentos y Propuestas

AN Antonio Navarro Public Seen by 15

Lugar donde incluir Documentos o propuestas que os parezcan interesante. Estas pueden ser propias o de Asociaciones. De forma que tengamos a la mano material para crear el programa de gobierno.

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Antonio Navarro Mon 23 Feb 2015 9:21AM

PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS MUNICIPALISTAS DEL FVID – 2015
Este documento pretende ser un vehículo de comunicación entre las personas que conforman el Foro de Vida Independiente y Divertad (www.fvid.es) y las plataformas sociales, partidos políticos y ciudadanos deseosos de dar continuidad al ánimo colaborador propiciado por todos ellos tras la VIII Marcha por Visibilidad de la Diversidad Funcional que tuvo lugar el pasado 14 de septiembre de 2014, en Madrid.
Teniendo como horizonte, en lo específico, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU (13/XII/2006), y un extenso repertorio legal de ámbito nacional, autonómico y municipal, en el FVID creemos llegado el momento de abandonar las posiciones meramente formales, la inconcreción de lo general y simplemente declarativo, por lo específico, tangible y verificable. El hito a alcanzar es el cumplimiento por el Estado de las propias leyes que genera e incumple sistemáticamente, propiciando nuevas formas de intervención y control por parte de los destinatarios finales, las PDF. Se trata pues de un documento de trabajo capaz de concretar acciones y prácticas capaces de ser incorporadas a los programas políticos de los distintos partidos que concurran a las próximas elecciones municipales. Su espíritu, pues, es el de la confluencia apartidista en pro de los derechos sociales, políticos y económicos de las personas con diversidad funcional.
En este documento se detectan los problemas (con los que nos encontramos día a día las personas con diversidad funcional en el intento de hacer una vida en igualdad de oportunidades) y se proponen las soluciones, fruto de la experiencia de las personas que conformamos el FVID y de esa vivencia personal de la diversidad funcional.
Pensamos que son puestas prácticas y asumibles por cualquier opción política, ya que tienen el fin de corregir los obstáculos con los que nos encontramos en la vida diaria y así poder crear una sociedad inclusiva, en la que todas las personas podamos desarrollarnos en igualdad de oportunidades.
¿QUÉ ES EL FORO DE VIDA INDEPENDIENTE Y DIVERTAD (FVID)?
El Movimiento de Vida Independiente en lengua castellana ha dado un gran paso construyendo una herramienta al fundamentar y aplicar en su discurso el término "diversidad funcional" como sustitutivo de "discapacidad", desvitalizando en buena medida en él el asfixiante bagaje de esa herencia cultural tenebrosa, doliente y negativa por una acepción en positivo, enriquecedora, desvelando el sesgo de la diversidad funcional como un insumo al bien común.
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La Divertad es una palabra inventada, una síntesis: libertad y dignidad en la diversidad. Es una de las cosas que falta en las ideas y realidades del planeta. Es un ideal en el que las personas con cualquier tipo de diversidad (diversidad de raza, de cultura, de religión, de género, de orientación sexual, funcional, de edad, etc.) tengan plena dignidad y plena libertad, en el que no sean discriminadas ni oprimidas por su diferencia y tengan las mismas oportunidades que el resto de las personas.
Desde 2001, esta agrupación ciudadana, libre y abierta, trata de acoger las inquietudes y expectativas de todos aquellos hombres y mujeres que han optado por hacer inseparable ese concepto del de los Derechos Humanos mediante el activismo social, la reflexión y el trabajo en red fijando su objetivo último en la plena puesta en práctica de la igualdad de derechos y no discriminación de las personas con diversidad funcional (en línea con lo contemplado en la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
Así, en cuanto a medidas de acción positiva que habría que tomar, ya están desarrolladas en normas anteriores actuaciones referentes a empleo, transporte, vivienda, y demás que no se realizan y se incumplen. Faltaría en todo caso elaborar y llevar a cabo un plan específico para fomentar y fortalecer la asistencia personal que hoy en día, por no existir, aumenta la desigualdad entre los ciudadanos.
Áreas de las propuestas
1. Accesibilidad urbana. El problema:
• Diferencias muy acusadas en distintas ciudades en la accesibilidad urbana y al medio, lo que evidencia una profunda relajación, cuando no una total inhibición de las autoridades municipales al respecto.
• Ausencia de seguimiento, monitorización y armonización con nuevos usos de las estructuras y condiciones de accesibilidad de planes y adecuaciones llevados a cabo en el pasado.
• Imposibilidad de realizar gestiones presenciales en dependencias administrativas o de servicios públicos.
• Imposibilidad de uso del transporte público municipal.
• falta de accesibilidad y pérdida de ella a gran cantidad de espacios públicos y culturales, tiendas, locales, aseos incluidos.
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• Aceras no transitables, bordillos no rebajados o con rebajes incorrectos, obstáculos en acera.
La alternativa/solución:
• Una real e impostergable exigencia de accesibilidad por obra o remodelación para obtener la pertinente licencia de apertura de cualquier local de uso público.
• Paulatina adecuación de locales de uso público inaccesibles para hacerlos accesibles. Tanto en el acceso como en el interior.
• Adaptación de la señaléctica municipal con criterios de accesibilidad y multilingüismo. Disponibilidad documentada de itinerarios peatonales accesibles. Ejecución con criterio de accesibilidad en señalización, mapas/planos, información en y sobre espacios públicos... para personas con diversidad intelectual, personas mayores o para aquellas que no sepan el idioma (iconografía y lectura fácil). Acceso a intérpretes de LSE. Acceso franco y garantizado a perros guía en toda dependencia o servicio público municipal.
• Apertura de cauces participativos y formalización para el seguimiento/revisión de la accesibilidad por parte de los ciudadanos.
• Garantizar de modo contrastable la total accesibilidad al transporte público municipal. Obligatoriedad de sistemas periódicos de evaluación, adecuación y uso. Máxima vigilancia del la utilización de plazas de aparcamiento reservado y de la acreditación oficial para su uso.
• Garantizar la accesibilidad a toda dependencia municipal (centros educativos, culturales, de ocio, deportivos...) incluyendo la información de los recursos disponibles a este respecto en formatos accesibles y multilingües (pictogramas...)
 Creación de una red de baños públicos que todos ellos sean accesibles. Adaptación de los ya existentes.
 Señalización y rutas alternativas accesibles obligatorias durante la realización de obras en espacios públicos o vías.
 Recuperar los bancos urbanos, las fuentes, aceras (STOP MACROTERRAZAS), las plazas públicas. Bajo criterios de accesibilidad universal.
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2. Accesibilidad a las gestiones públicas: El problema:
‐ la difícil y hasta imposible ejecución, por parte de las personas con diversidad funcional, de tareas donde intervienen las administraciones públicas.
La alternativa/solución:
‐ Agilizar las gestiones en dependencias de la administración pública cuando la persona con diversidad funcional deba realizarlas presencialmente, especialmente las personas con diversidades funcionales severas ya sean físicas, sensoriales o intelectuales les dotaremos con:
‐ Edificios y dependencias accesibles
‐ Plazas de aparcamiento reservado
‐ Transporte público accesible
‐ Itinerarios peatonales accesibles
‐ Intérprete de lengua de signos
3. Licencias de apertura en escuelas y colegios. El problema:
 La falta de accesibilidad a los centros educativos de nuestra localidad. La alternativa/ solución:
 Todos los centros educativos deberán ser accesibles previa apertura al alumnado el próximo curso académico. Tanto en el acceso como en el interior, en sus instalaciones.
4. Garantía de la cultura, turismo, deporte y otras actividades de ocio. El problema:
 El difícil acceso, permanencia y participación de personas con diversidad funcional a espacios donde desarrollar su pleno potencial.
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La alternativa/ solución:
 En nuestra localidad se garantizará, en la vida cultural, la participación de las personas con diversidad funcional en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía.
 Se garantizará:
‐ El acceso a material cultural en formatos accesibles.
‐ El acceso a programas de televisión, películas, teatros y otras actividades culturales en formatos accesibles.
‐ El acceso a lugares donde se ofrezcan representaciones o servicios culturales: teatros, museos, cines, bibliotecas y monumentos.
‐ El acceso a los escenarios de los lugares donde se ofrezcan representaciones culturales.
 Tomar las medidas oportunas para que las personas con diversidad funcional puedan desarrollar y utilizar su potencial artístico, creativo e intelectual, no sólo en su propio beneficio sino en el de toda la sociedad.
 Las personas con diversidad funcional tendrán derecho, en igualdad de condiciones con las demás, al reconocimiento y el apoyo de su identidad cultural y lingüística específica, incluidas la lengua de señas y la cultura de los sordos.
 Garantizamos la participación en igualdad de condiciones en actividades recreativas, de esparcimiento y deportes.
 Se alentará y promoverá la participación de las personas con diversidad funcional en las actividades deportivas generales a todos los niveles.
 Se alentará y promoverá la participación de las personas con diversidad funcional en las actividades recreativas o de esparcimiento generales.
 Asegurar que las personas con diversidad funcional puedan organizar y desarrollar actividades recreativas y específicas de estas personas y ello en igualdad de condiciones respecto de los recursos necesarios.
 Asegurar que las personas con diversidad funcional tengan acceso a instalaciones deportivas, recreativas y turísticas.
 Asegurar la participación de las personas con diversidad funcional en todas las actividades reseñadas garantizando el transporte público adaptado en la realización de las mismas.
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 Asegurar
 Las entidades responsables de la oferta de cultura, turismo y deporte y recreativas o de mero esparcimiento incorporarán a personal profesional con diversidad funcional, a fin de que las organizaciones de los distintos eventos puedan contar con la participación del punto de vista necesario para que abarque a toda la población, garantizándose así los medios de inclusión.
5. Transporte público. El problema:
 Existen múltiples barreras en estaciones, paradas, vehículos, señales. Estos obstáculos están presentes en el taxi, autobús, metro, cercanías, tranvía.
La alternativa/ solución:
 Compromiso a elaborar los planes de accesibilidad necesarios al transporte, a hacerlos efectivos, a mantenerlos y a verificar periódicamente su validez.
Desglose por medios de transporte.
a. Metro
i. Problema: Gran cantidad de estaciones no accesibles
Solución: Adecuación paulatina, creando un plan de remodelación y adaptación de las estaciones elimine las barreras físicas.
ii. Problema: Gran cantidad de estaciones no accesibles a la diversidad visual.
Solución: Retomar el anuncio sonoro de las paradas.
Mantener y revisar los anuncios horizontales que anuncian el del andén, escaleras, etc.
iii. Problema: Estaciones que siendo “accesibles” son peligrosas (distancia entre tren y andén, altura entre tren y andén)
Solución: Adecuación de los andenes de las estaciones a la altura del convoy. Instalación en todas las puertas del convoy de rampas automatizadas para salvar el salto con el andén.
iv. Problema: Constantes fallos en ascensores, escaleras, etc.
Solución: Implantar un sistema de mantenimiento que minimice en lo posible el deterioro del material. Y un servicio de atención urgente para reparar averías el mismo día de ser detectadas.
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que los niños y las niñas con diversidad funcional tengan igual acceso con los
demás niños y niñas a la participación en actividades lúdicas, recreativas, de esparcimiento
y deportivas.
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b. Bus
i. Problema: Fallos regulares en las rampas
Solución: Implantar un sistema de mantenimiento que minimice en lo posible el deterioro del material. Poner rampas manuales opcionales.
c. Taxi
i. Problema: Flota insuficiente de taxis adaptados, precio y tiempos de espera excesivos. Solución: Nuevas licencias sólo para vehículos accesibles para todas las personas. Cada licencia que se renueve sea para vehículos accesibles para todas las personas. Con el fin de crear un taxi único que sirva para todos.
6. Lengua de signos española y medios de apoyo a la comunicación oral El problema:
 La difícil o imposible comunicación entre muchas personas con diversidad funcional y con el resto de la población.
La alternativa/ solución:
 Garantizar el uso de la lengua de signos española y de los medios de apoyo a la comunicación oral por personas sordas, con discapacidad auditiva o con sordoceguera, o por quien la escoja.
7. Uso reservado de las plazas de estacionamiento accesibles. El problema:
 La falta de respeto y utilización inadecuada de plazas de aparcamiento reservadas a personas con movilidad reducida.
 Imposibilidad de aparcamiento por personas habilitadas con la acreditación de otras localidades
La alternativa/ solución:
 las zonas de estacionamiento accesible estarán al cuidado permanente de la policía correspondiente. Sancionando su ocupación fraudulenta.
 Unificación para que cualquier vehículo habilitado con la acreditación pueda estacionar en todos los municipios de España
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8. Empleo El problema:
 Con frecuencia ocurre que las personas con diversidad funcional son discriminadas a la hora de acceder a puestos de trabajo ofertados por los propios ayuntamientos, basándose precisamente en la certificación de discapacidad aportada por el aspirante. Así como el incumplimiento por parte de ayuntamientos de la reserva del porcentaje de plazas estipulado legalmente.
La alternativa/ solución:
• Los principios de mérito y capacidad no deben servir en ningún caso como excusa para la exclusión o discriminación de las personas con diversidad funcional que sean aspirantes a un puesto de trabajo.
• Cumplimiento de las plazas reservadas a personas con diversidad funcional.
• Fomento e inversión del trabajo con apoyos, para todas aquellas personas con diversidad funcional intelectual, mental, física, auditiva o sensorial que lo necesiten.
9. Asistencia Personal El problema:
 La figura del asistente personal no está contemplada en la cartera de servicios municipales.
 La cuantía de las prestaciones que ofrece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia (LEPA), son insuficientes para hacer vida independiente.
 El sistema de adjudicación por concurso público da poder a los monopolios y grandes empresas de servicios y no a las personas.
 Las trabas burocráticas para que las personas puedan autogestionar una prestación económica directa para contratar un asistente personal.
 Existe un gran desconocimiento sobre la prestación de asistencia personal por parte de los trabajadores sociales de los ayuntamientos, frente a las demás existentes en la LEPA. Esto se traduce en una escasa difusión de esta figura, esencial para que las personas con diversidad funcional puedan realizar una vida en comunidad en igualdad de oportunidades. Los trabajadores sociales de los ayuntamientos ofertan y recomiendan antes otras
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prestaciones como la ayuda domicilio, centros de día como residencias en vez de apostar por la asistencia personal.
La alternativa/ solución:
 Implementar la prestación y el servicio de asistencia personal en la cartera de servicios del Ayuntamiento.
 Complementar la cuantía de las prestaciones que ofrece la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y atención a las personas en situación de dependencia (LEPA), hasta cubrir las horas que la persona necesita para desarrollar su proyecto de vida independiente.
 Sistema de acreditaciones de los servicios de asistencia personal, podrán prestar el servicio todas aquellas empresas que reúnan los requisitos para ser acreditadas. El poder recae en la persona que tiene libertad para elegir el servicio de calidad que más se ajuste a sus necesidades entre diferentes proveedores.
 Facilitar fórmulas administrativas para la autogestión.
 Los Servicios Sociales se ocuparán de difundir y ofertar suficientemente esta prestación,
con objeto de que los posibles beneficiarios que lo deseen puedan optar a ella en libertad.
 Se hace necesaria una campaña de formación sobre vida independiente y asistencia personal tanto para profesionales de los servicios sociales, como para los posibles usuarios, destinatarios finales de la prestación de asistencia personal.
 Acreditar a la persona con diversidad funcional y necesidad de apoyos para que su asistente personal esté exento de pago para entrar en los transportes, lugares de ocio, deportivos y cualquier otro evento, cuando acompañe a la persona para la que trabaja.
10. Propuesta General
Creación de una oficina pública dependiente del ayuntamiento y con potestad sancionadora para velar por la accesibilidad universal (transporte público, locales, edificios, etc.).
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Foro de Vida Independiente y Divertad
Febrero de 2015
DERECHOS HUMANOS ¡YA!
“NADA SOBRE NOSOTROS/AS SIN NOSOTROS/AS” www.FVID.es
email: [email protected]
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Antonio Navarro Mon 23 Feb 2015 10:45AM

La variedad de políticas de servicios sociales municipales: articulación institucional y comunitaria
The variety of municipal social services policies: Institutional and communitarian articulation
MARCELA JABBAZ Universidad de Valencia [email protected]

Para descargar: http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4838609

RESUMEN
En este artículo se construyen modelos teóricos de políticas de servicios sociales locales a partir de tres dimensiones (su diseño, lo partidario y lo programático), dos vectores (el que va de lo técnico a lo político y de lo interno a lo externo), una relación de poder (la parte principal del sistema de acción), un condicionante (la orientación valorativa de la política social) y una consecuencia (el grado de coordinación entre los diversos agentes participan- tes). Estos modelos son tipos ideales históricos que surgen de una investigación empírica llevada a cabo en una comarca integrada por veinte municipios. Estos modelos permiten pensar la política local del área en relación a otros actores sociales existentes en los munici- pios. También constituyen una herramienta metodológica que facilita la comprensión de las políticas sociales municipales en otros escenarios. Y poseen un aspecto práctico ya que pueden servir para comprender lo que se pone en juego durante los procesos de cambio, preservando y apostando por la mejora, en cada caso, de los núcleos técnicos que garantizan un funcionamiento eficiente.
Palabras clave: políticas sociales, estudios locales, modelos de políticas, tipos ideales, co- marca de l ́Horta Sud, servicios sociales, diseño de políticas, planificación de políticas.
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INTRODUCCIÓN
La estructura de los equipos sociales de base municipales del caso que nos ocupa, la co- marca de l ́Horta Sud de Valencia, viene establecida por la Ley de Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana; mientras que un convenio multinivel (Estado, gobierno auto- nómico y entes locales) denominado Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Corpo- raciones Locales establece los principales programas sociales que todos esos equipos llevan adelante. Luego existen otras prestaciones alrededor de la aplicación de la Ley de Dependencia o la Renta Garantizada de Ciudadanía que constituyen políticas sociales en las que, de diferentes formas, participan todos los ayuntamientos. Entonces, si bien exis- te una matriz institucional y normativa común, en otro escrito (Jabbaz, 2012) se ha de- mostrado que se produce una asimetría entre la territorialidad administrativa y la territo- rialidad de las necesidades, por una diferencial extensión y cobertura de las prestaciones sociales entre los municipios que componen la mencionada comarca, con consecuencias directas sobre la equidad en el trato a la población. En el presente artículo no se aborda, sin embargo, la temática de la distribución de esos bienes, sino que se pretende ahondar en factores de estructuración que también introducen diversidad en las políticas sociales de nivel municipal. Si bien la situación actual, por la vía del ajuste financiero o por los debates en torno a cambios legislativos para el sector, presenta muchas incógnitas en torno al futuro de los servicios sociales, este artículo muestra cuáles son hasta el presen- te las modalidades de afrontamiento de los problemas sociales en el ámbito local. El diagnóstico y el reconocimiento de virtudes y defectos facilitan la toma de decisiones en contextos de turbulencia.
La pregunta de este artículo se refiere a los grados de autonomía por los cuales las admi- nistraciones locales (o en otros términos, los ayuntamientos) introducen diferencias sustan- ciales en las lógicas de acción para la prestación de servicios sociales en cada municipio. Específicamente se explicitan los dispositivos institucionales en los diferentes casos por los cuales se ponen en relación actores sociales internos y externos a la corporación local, con- figurando trayectorias locales diferenciadas.
En consecuencia, se pretende mostrar la variedad existente en las políticas de servicios sociales municipales a partir de una tipología construida en torno a las orientaciones de la política (programática y partidaria) y a la vinculación que se establece entre los ayuntamien- tos, la ciudadanía, el tercer sector y el mercado, en veinte municipios de tamaño pequeño y mediano pertenecientes a una comarca.
METODOLOGÍA
El estudio se basa en una metodología comparativa de casos basada en la triangulación de datos cuantitativos y cualitativos (Brewer y Hunter, 1990). Utiliza un enfoque organizacional para analizar el diseño del sistema de servicios sociales y contrastarlo con las prácticas reales (organización formal e informal). Y un concepto de “sistema abierto” ya que siendo su fina- lidad la reinserción social, es necesaria la coordinación con otros servicios públicos y con la
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sociedad civil. Por ello este estudio no se focaliza en lo que sucede al interior de las oficinas de servicios sociales sino que presta atención a su carácter relacional. Y para la producción tipológica se procede por comparación constante de similitudes y diferencias (Glaser y Strauss, 1967; Strauss y Corbin, 2002) entre los casos; y se utiliza el enfoque weberiano de tipos ideales históricos. En el texto la palabra “modelo” hace alusión a los diferentes tipos ideales construidos en torno a los rasgos que estructuran la acción municipal en el ámbito bajo estudio, de modo tal de superar la casuística y proponer un conocimiento generalizable que pueda ser de utilidad para la interpretación de otros casos en un futuro.
Se analizan fuentes secundarias: encuestas y censos del INE (Instituto Nacional de Esta- dísticas), datos del IVIE (Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas), anuarios de La Caixa, datos de la Agencia Eurostat y presupuestos de diferentes comunidades autónomas (áreas de Bienestar Social) y de los municipios de la comarca de l ́Horta Sud.
También se recogen datos primarios a partir de las memorias financieras y de actuaciones del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Corporaciones Locales de cada municipio de la comarca, consultándolos en los años 2003 y 2012.
Se realizan entrevistas de aproximación con personas expertas e informantes calificados. Entre los años 2003 y 2005 se realiza el grueso del trabajo cualitativo ya que es el momento en que se consolida el sistema de servicios sociales diseñado tras la transición democrática. Y pos- teriormente, en al año 2012, nuevas entrevistas con informantes calificadas para valorar las transformaciones recientes derivadas de la crisis. En total se realizan 62 entrevistas en profundi- dad: 4 expertas, 3 informantes calificadas, 28 en Equipos Sociales de Base Municipales, 4 en Agencia de Desarrollo Local, 2 alcaldes, 1 concejala, 2 en mancomunidad de l ́Horta Sud, 3 en Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, 3 en el Área de Acción Social de la Diputación de Valencia, 2 en centros de salud, 1 en Colegio de Diplomados en Trabajo Social y 9 en ONG de acción social. Se utiliza la técnica de observación participante: 1) en servicios so- ciales de un municipio, 2) en el Centro Comarcal de Servicios Interculturales, donde se ocupa un papel de liderazgo de la Comisión Técnica integrada por trabajadoras sociales de diferentes mu- nicipios de la comarca, que formuló el Plan Comarcal de Integración Social y Convivencia Inter- cultural 2006-2010, 3) durante la ejecución de programas comunitarios y 4) en 8 reuniones de coordinación entre trabajadores/as de servicios sociales municipales y profesionales del Centro Comarcal de Servicios Interculturales de la Mancomunidad de l ́Horta Sud.
Los resultados descriptivos de los servicios sociales de la comarca, las asimetrías en la extensión y cobertura de prestaciones, el círculo vicioso burocrático que “gobierna” su funcio- namiento, la articulación entre recursos especializados y de atención primaria, y la inclusión/ exclusión de población en los servicios, han sido abordados en otro lugar (Jabbaz, 2012), ya que este artículo se centra en los aspectos institucionales y relacionales de estructuración.
TIPOLOGÍA DE POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
Los tipos históricos construidos reflejan la diversidad de políticas de servicios sociales, y se plantearon en función de tres dimensiones: el diseño de la política (y su carácter más o menos participativo) referida a los procesos de emergencia, institucionalización y consolidación de
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la política social; la dimensión de ejecución programática, vinculada al plan de gobierno comprometido con la ciudadanía; y la de ejecución partidocrática, cuya lógica es la lucha política por el poder de la Administración pública.
En la construcción tipológica se han considerado una serie de factores, como el tamaño y la forma en que se estructura la organización municipal y su puesta en relación con sus entornos (Mintzberg, 2012; Lawrence y Lorsch, 1967), y los ámbitos fundamentales (socio- técnico, político-cultural y el de control y mejora) que posee cualquier organización pública (Ramió, 2010).
De ello resultan los siguientes elementos: dos vectores (uno que va de lo político-parti- dario a lo técnico y otro, de lo externo a lo interno), una relación de poder (identificando la parte principal del sistema de acción), un condicionante (la orientación valorativa) y una consecuencia (el grado de coordinación/control entre los agentes participantes).
Los dos vectores
El vector que establece las principales variaciones entre las políticas de servicios sociales municipales es el que va de lo político/partidario a lo técnico. El polo “técnico” en un senti- do puro representa lo que Max Weber denominaría la “acción burocrática”, a través de la que se ejecuta el programa político1 —orientado a cumplir el “contrato” establecido con la ciu- dadanía en el plan de gobierno—; y el polo “político/partidario” —cuyos elementos son las fuerzas políticas que luchan por el poder de la Administración municipal—.
Ambos componentes conviven y dan sentido a las prácticas políticas en cualquier instan- cia de la Administración pública. Pero si predomina la orientación partidaria, la gestión técnica queda subordinada a la lucha política y las áreas funcionales se ven instrumentaliza- das por el aparato partidario en función de las “apuestas” de los distintos actores y facciones en juego (Crozier y Friedberg, 2000).
Si predomina la orientación programática se tiende a dotar de mayor autonomía a los equipos técnicos municipales y también, al accountability, es decir, a “rendir cuentas” a la ciudadanía respecto del programa electoral. Pero sin la orientación partidaria, la acción téc- nica puede desarrollar lo que Merton denomina “comportamiento burocrático”, por el cual las normas se transforman en un fin en sí mismo, creando barreras para alcanzar los fines de la organización, en este caso, la integración social de las personas usuarias.
El segundo vector va de la Administración municipal (lo interno) a la sociedad (lo externo) incluyendo en este último polo a las redes de sociabilidad primaria (familia, ve- cindario), las asociaciones civiles (ONG, sindicatos, partidos políticos y un amplio etcéte- ra), las entidades de otras administraciones (escuelas, centro de salud, etc.) y las empresas mercantiles.
1 “... En todo el ámbito de problemas colectivos en los que de una manera u otra se da una intervención o regulación pública, son más problemas de ’‘políticas’ que problemas abordables desde la ‘política’. La distinción anglosajona entre ‘politics’ y ‘policy’ encontraría aquí pleno sentido” (Subirats, 1992: 67).
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ILUSTRACIÓN 1
LOS DOS VECTORES DE LAS POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
Político partidario
Externo (sociedad)
De transformación / institucionalización
De participación cosmética
Preventivo pedagógico
Articulado de participación social
Populista
Coalición inestable
Integral Focalizado
Interno (ayuntamiento)
Técnico Ejecución programática
En la ilustración 1 se han ubicado los diferentes tipos de política de servicios sociales municipales: 1o) en el primer cuadrante los relacionados con el diseño de la política y su articulación con los actores externos, de lo cual surgen dos tipos: el de transformación/ ins- titucionalización y el de participación cosmética, 2o) en el cuadrante político-interno: el modelo populista y el de coalición inestable, 3o) en el cuadrante técnico-externo: el modelo preventivo-pedagógico y el articulado de participación social y, finalmente, 4o) en el cua- drante técnico-interno: el modelo integral y el profesional-focalizado.
La relación de poder
En toda organización existe una relación de poder que estructura el conjunto de relaciones entre los sujetos y de esa relación surge un sector o parte principal del sistema. Como podrá observarse en los modelos, la parte principal puede recaer sobre los Equipos Sociales de Base Municipales (ESBM), o también, sobre redes de técnicos (internos y externos a los ayuntamientos), sobre una ciudadanía activa (a través de sus organizaciones), sobre el esta- mento político o sobre una combinatoria entre los diferentes actores.
El sustrato ideológico
El condicionante es “la orientación valorativa” como aspecto sustantivo, ideológico, de la
política social. Existen variantes determinadas por el tipo de solución que se privilegia en RES no 22 (2014) pp. 27-49. ISSN: 1578-2824
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Ejecución partidocrática
Diseño y participación en las decisiones
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cada servicio social municipal. Como señala Joan Subirats (1992): “Las políticas sociales se refieren a problemas de difícil definición-solución... Los formuladores de políticas no se enfrentan a problemas ‘dados’ y ‘exteriores’. Al contrario, precisan identificar y formular ‘su’ problema... Es evidente que el analista puede ayudar con sus conocimientos a resolver parcialmente ese tipo de preguntas, pero dudo que puedan responderse por completo sin recurrir a posiciones políticas o normativas exteriores al mismo análisis”. En los diferentes servicios sociales existen acuerdos (a veces tácitos y otras, explícitos) no solo en el diagnós- tico del problema, sino también respecto del camino a transitar para su posible solución. O parafraseando a Subirats (1992), al elegir un enfoque en la resolución de los problemas so- ciales se produce una combinación entre lo técnico/normativo y lo político/valorativo, que va a constituir el ethos de la política social.
Los grados de coordinación
Otro de los elementos radica en el grado de coordinación existente entre los diferentes agentes sociales que puede producirse dentro de la organización municipal (entre los diferentes servicios) o con los agentes sociales externos (servicios sociales especializa- dos, sanitarios, educativos, policiales u organizaciones de la sociedad civil) con las cuales se desarrollan programas comunitarios. Los casos concretos se diferencian, de este modo, según su ubicación en el continuo que va desde un trabajo en red de agentes (públicos, privados y del tercer sector) hasta otro interno, donde los agentes externos trabajan con independencia e incluso indiferencia entre sí y respecto de la Aministración local.
De la confluencia de los dos vectores, de la relación de poder, la orientación valorativa y el grado de coordinación surgen una serie de modelos de política social que quedan esque- matizados en la siguiente tabla:
Dimensiones de la política
De participación social en el diseño
Modelos de Política Social
De transformación institucionalización
De participación cosmética
Parte principal
Sociedad civil organizada
Consejo Asesor de Bienestar Social
Grado y tipo de coordinación
Medio, informal, externo, “desde abajo”
Baja intensidad, protocolizado, “desde arriba”
Orientación valorativa
Poder ciudadano
y gestación de nuevos derechos
Compromiso entre las fuerzas sociales
y políticas
TABLA 1
TIPOLOGÍA DE POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES
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Dimensiones de la política
De ejecución programática
De ejecución partidocrática
Marcela Jabbaz
TABLA 1
TIPOLOGÍA DE POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES (cont.)
Modelos de Política Social
Integral
Focalizado
Preventivo pedagógico
Articulado de participación social
Populista
Coalición inestable
Parte principal
Técnicos ESBM + técnicos de otras áreas
Técnicos ESBM (Equipo Social de Base Municipal)
Técnicos ESBM + gabinete psicopedagógico escolar
Comisiones sectoriales (ESBM y redes externas)
Políticos del partido gobernante
Facciones en disputa
Grado y tipo de coordinación
Alto, interno y multilateral
Medio, interno y con el político/a del área
Medio, de fronteras abiertas pero unilateral
Alto y formal, de fronteras abiertas y multilateral
Bajo, subordinación del área técnica
Mínimo
Orientación valorativa
Autonomía y competencia técnicas
Delimitación clara de la competencia técnica respecto de la política
Prevención familiar y compensación de carencias
Participación y legitimación social
Ganar las próximas elecciones y clientelismo
Legitimación política en el gobierno municipal
LA DIMENSIÓN DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN EL DISEÑO DE LAS POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES
En lo que se refiere al diseño de políticas se plasman dos enfoques principales: el de “planificación racional” y el de “planificación incremental”, y luego, combinatorias de estos o variantes (Herrera Gómez y Castón Boyer, 2003). El primer enfoque (el racio- nal, de expertos) presupone el conocimiento absoluto de todas las soluciones alternati- vas que se pueden aplicar a un problema, siendo posibles su clasificación y pondera- ción para elegir la mejor solución. El segundo tipo (el incremental) se apoya en un paradigma constructivista, por el cual no es posible contar solo con respuestas preela- boradas, ya que la realidad social se encuentra en continuo movimiento e influenciada por múltiples actores sociales. Esta segunda perspectiva es la que interesa en este artí- culo ya que se pretende analizar el modo en que la participación ciudadana permite la institucionalización de los problemas sociales, o a la inversa, cuando la participación adquiere solo un carácter cosmético, que dota de legitimidad al actor político pero no se constituye en mediadora de intereses sociales “desde abajo” (Gadea Montesinos, 2005; Pastor Seller, 2011).
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Diversos autores han observado la pluralización de actores en las políticas de bienestar (Herrera Gómez, 2001; Alemán Bracho y García Serrano, 2009; Moreno, 2010; García Roca, 2010), y más específicamente, las diversas modalidades de participación que adquiere el TSAS (tercer sector de acción social) en la actual crisis de las políticas sociales (Gregorio Rodríguez Cabrero, 2013; Pérez Yruela y Navarro Ardoy, 2013). En este estudio de casos se pretenden mostrar modos concretos y diversos en que se plasma esa participación.
a) Modelos de transformación / institucionalización de las políticas de servicios sociales municipales
Los equipos sociales de base municipales son espacios de captura de nuevas necesidades sociales. Pero para que estas se transformen en derechos es necesaria la intervención de otros actores sociales. El concepto de “dinamicidad de los problemas sociales” (Suárez, 1999) nos ayuda a comprender los elementos que confluyen en ese proceso. Un problema social existe cuando hay una significativa distancia entre un estándar de deseabilidad y la realidad empí- rica observada, que supera el margen de tolerabilidad social (véase ilustración 2). Otra con- dición es que afecte a un número significativamente alto de personas de una manera consi- derada inconveniente, y sobre la cual crece el consenso acerca de que debe corregirse. Los problemas sociales son variables en el tiempo y en el espacio: los estándares de deseabilidad cambian, ya sea por maduración positiva de la conciencia colectiva o por disminución de la misma; también por formas de neutralización que busquen reducir las expectativas sociales. Por motivos similares cambian también los márgenes de tolerabilidad social; y ese cambio puede implicar que un hecho deje de ser considerado inevitable, constitutivo de la estructura social, y pase a ser un problema social, es decir, un hecho producto de la acción o inacción de determinados actores sociales.
ILUSTRACIÓN 2
DINAMICIDAD DE LOS PROBLEMAS SOCIALES
Estándar de deseabilidad
Margen de tolerancia social
Diagnóstico sobre la realidad observada
Formas de desmovilización tratando de reducir las aspiraciones y expectativas
Crecimiento de la conciencia colectiva
Transformar la realidad para superar el problema social
Agudización de la problemática social
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Para la institucionalización de derechos es necesaria la confluencia de actores políticos y sociales que busquen transformar esa realidad social. Este modelo emerge en la comarca de l ́Horta Sud a inicios de la década de 1980, en un contexto de gran creatividad social y también, de creciente profesionalización de los servicios sociales. Movimientos similares en otros territorios llevarían a que se promulgue en 1989 la primera Ley de Servicios So- ciales de la Comunidad Valenciana. Es un proceso fundacional, donde la parte principal la constituye la sociedad civil organizada transformando “de abajo hacia arriba” y desde el polo externo a la Administración local. Pero este proceso puede consolidar redes sociales independientes que tiendan a una nueva gobernanza social de nivel local (para lo cual el poder ciudadano ha de mantenerse en el tiempo); o por el contrario, puede desaparecer por haber logrado los objetivos que originaron la acción colectiva, como lo atestigua el caso bajo estudio.
b) Modelo de participación “cosmética” en las políticas de servicios sociales municipales
Otro enfoque es el de hacer converger actores de los partidos políticos y de la sociedad civil por la vía de consejos asesores en el área de Bienestar Social. De hecho, en la comar- ca bajo estudio hemos identificado once de estos consejos, la mayoría como consejos asesores municipales (casos de Aldaia, Benetusser, Mislata, Picanya, Paiporta, Quart de Poblet y Massanassa) o sectoriales (en Aldaia, además del municipal, los consejos de mujer y de la juventud y en Manises y Mislata, de mayores). El tipo de vinculación que se establece entre el ayuntamiento y las entidades sociales es de baja intensidad (con pocas reuniones al año) y regulado “desde arriba”, ya que las relaciones están protocolizadas a partir de algún tipo de Reglamento del Consejo de Bienestar Social. No se trata de una presión autónoma de la sociedad civil sobre la administración pública municipal; sino a la inversa, es esta última quien establece el marco, las normas, los temas y los canales a través de los cuales es posible participar.
Gadea Montesinos (2005) en su estudio sobre las Mesas de Solidaridad del Ayuntamien- to de Valencia señala que en el ámbito local los partidos políticos compiten ahora con un amplio espectro de organizaciones en la intermediación de intereses. Pero que los instrumen- tos de participación ideados conceden a la administración una gran capacidad de control sobre los recursos y procesos, reservando a la Administración local la decisión sobre múlti- ples cuestiones, como la selección e inclusión de las entidades, la dotación presupuestaria de los programas, la aprobación de los proyectos, la decisión de modificar los protocolos de funcionamiento, etc.
Por su contacto con el ámbito político, sirven para canalizar demandas y necesidades, aunque su efectividad puede ser relativa si no es acompañada por otras medidas de movili- zación social. También facilita la concertación entre los mismos actores de la sociedad civil, lo que permite dirimir conflictos y mejorar la coordinación y sinergia de los recursos socia- les existentes en el territorio. Pero sus atribuciones se limitan a ser consejos “asesores” y, por lo tanto, no tienen competencia para decidir, fijar agendas ni vetar acciones. En ocasiones son funcionales a la hora de otorgar legitimidad a las decisiones de política social tomadas
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por los actores políticos. Se trata entonces de un modelo limitado de participación en las decisiones políticas del gobierno municipal.
LA DIMENSIÓN PROGRAMÁTICA DE LAS POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES
Son programáticos los tipos de política social que funcionan en base al plan enunciado du- rante el proceso electoral; y se presentan aquí cuatro modelos:
a) Modelo programático integral de políticas de servicios sociales
El modelo es integral cuando en la respuesta a las necesidades se valora la posibilidad de una movilización plena de los recursos técnicos existentes en las diversas instancias del ayunta- miento y del municipio en general, para atender las demandas con un enfoque multidiscipli- nar. La parte principal la constituyen los Equipos Sociales de Base Municipal (ESBM) y el resto del personal técnico de otras áreas de servicios personales del ayuntamiento entre quienes existe una alta coordinación. El flujo de comunicaciones es multilateral y a “nivel de piso”, no se producen barreras entre las diferentes áreas funcionales que no necesitan la autorización de las jefaturas para comunicarse. Si bien, como se ha dicho, los casos concre- tos suponen una mayor o menor aproximación a los modelos construidos, este tipo lo halla- mos principalmente en el Ayuntamiento de Picanya, aunque también puede producirse en ayuntamientos pequeños como Beniparrell, Albal y Alcasser (con una estructura organiza- cional simple), porque su tamaño facilita la coordinación horizontal. “El estar en un mismo edificio nos permite la consulta cotidiana” (entrevista a trabajadora social).
Este modelo de intervención social es coherente con el “contrato de contraprestaciones”2 ya que una buena coordinación horizontal del ESBM con las diversas áreas técnicas del municipio facilita el cumplimiento del compromiso que se establece para que la persona usuaria recupere su autonomía. Por ejemplo, en el caso de establecerse un compromiso refe- rido a la búsqueda de empleo, la coordinación se produce con la ADL (agencia de desarrollo local); o puede centrarse en un tratamiento psíquico y la coordinación es con el centro de salud; etc. Este tipo de política social suele desarrollarse cuando existen macro-áreas de servicios personales bajo un único mando jerárquico que permite una fluidez entre las actua- ciones de las diferentes secciones técnicas. De este modo, quedan bajo una misma jefatura los equipos de servicios sociales generales, el servicio de atención a la familia e infancia (SEAFI), la Agencia de Desarrollo Local (ADL), educación, empleo, cultura, escuela de personas adultas (EPA), deportes, juventud, sanidad, mujer, y todo aquel relacionado con la atención de personas. A continuación se ilustra este tipo de estructuración:
2 El “contrato de contraprestaciones” se establece entre profesionales del trabajo social y las personas usuarias, para que estas últimas desarrollen una serie de actuaciones que mejoren la situación que está en el origen del pedido de apoyo a los servicios sociales.
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ILUSTRACIÓN 3
AGENTES SOCIALES PRESENTES EN EL
MODELO PROGRAMÁTICO INTEGRAL DE POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES
Á m b i t o
t éc n
i c o
Ámbito político
Alcalde y concejales
Macroárea de servicios personales
Ayuntamiento
Otros recursos: sanitarios, educativos y sociales
Deportes
Juventud
Servicios Sociales
Empleo
Policía local
Cultura
Centro de salud
Centros educativos
Centro residencial
Centro ocupacional
Otros recursos sociales
Atención integral a una ciudadanía pasiva
La eficacia de este modelo depende de procesos administrativos simples y ágiles, que evitan la burocratización, para dar respuestas oportunas en tiempo y forma. Es un modelo básicamente técnico e interno, y no se apoya en las intervenciones que ofrecen las asociacio- nes sociales. La única coordinación externa se produce con otros ámbitos técnico-institucio- nales del municipio como son los profesionales del centro de salud, la escuela, la policía u otros servicios sociales especializados (centros especiales de empleo, pisos tutelados, etc.).
b) Modelo programático focalizado de políticas de servicios sociales
El modelo focalizado ha sido construido en base a la mitad de los municipios de la comarca, es el más extendido (Alfafar, Benetússer, Xirivella, Mislata, Picassent, Paiporta, Silla, Quart de Poblet, Sedaví y Manises responden a este esquema). Y es probable que sea el más habi- tual también fuera del territorio bajo estudio.
La parte principal es también el ESBM pero se diferencia del anterior por el hecho de que la coordinación con otras áreas se produce a través de diferentes jefaturas políticas. Como todos los modelos programáticos, parte del supuesto de que la lucha política partidaria puede desviar el objetivo de trato equitativo de la población por parte de la Administración pública, y pone énfasis en la necesidad de delimitar claramente las competencias de las esferas polí- ticas respecto de las técnico-operativas. Pero se caracteriza por una mayor presencia de las jefaturas políticas que mantienen una estricta supervisión sobre la ejecución técnica del tra- bajo de cada una de las áreas de la Administración municipal. Los actores políticos son los
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encargados de las definiciones estratégicas, sea por intermedio del plan de gobierno o a través de la aprobación de una planificación que establezca las metas parciales para alcanzar objetivos anuales y, al cabo de los cuatro años, cumplir con el programa de la legislatura. Paralelamente, el personal técnico y profesional es el encargado, en exclusiva, de ejecutar los programas. Así, este modelo combina descentralización técnica (procedimientos) con centralización política (decisiones que atañen a la estrategia).
La organización municipal suele estar estructurada en diferentes áreas técnicas sobre las cuales se encuentra una jefatura política.
ILUSTRACIÓN 4
AGENTES SOCIALES PRESENTES EN EL
MODELO PROGRAMÁTICO FOCALIZADO DE POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES
Alcalde
Concejalía de Cultura
Concejalía de Bienestar Social
Concejalía de Empleo
Concejalía de otras áreas...
Área de Deportes
Área de Cultura
Servicios Sociales
Agencia de Desarrollo Local
...
Atención focalizada a una ciudadanía pasiva
El personal técnico conserva grados de autonomía, pero ha de rendir cuentas cotidianamen- te a la concejalía respectiva. Este tipo de estructura suele hacer más compleja la coordinación interdepartamental ya que se produce una fuga de las decisiones hacia arriba colocando en un nivel intermedio al grado de coordinación horizontal entre las diversas áreas, que funcionan con una autonomía relativa (sin intromisiones recíprocas); siendo el presidente (alcalde) el encargado de dirimir los conflictos y dotar de articulación y coherencia al sistema.
En este modelo los técnicos de los ESBM son la parte principal del sistema de servicios so- ciales local. No obstante, su autonomía se encuentra limitada debido a la departamentalización. Este modelo puede combinarse o no, con el de participación “cosmética”, pero no existe
una participación activa de la ciudadanía.
c) Modelo programático preventivo-pedagógico de políticas de servicios sociales
El caso sobre el que se ha construido este modelo es el de Alaquàs, aunque ha de tenerse presente que elementos de otros modelos también están presentes en este municipio. En el mo- delo preventivo pedagógico la parte principal la constituyen los ESBM junto a los gabinetes
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Concejalía de Deportes
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psicopedagógicos de los centros escolares. Entre el personal técnico municipal y del centro escolar existe una alta coordinación, pero es de una sola vía, ya que esa vinculación no se produce con otras secciones municipales ni con otras redes externas. Se valora la prevención familiar, sobre todo, en la primera infancia, y las políticas compensatorias de las carencias.
Se pone énfasis en la población de menor edad para evitar las consecuencias de los pro- blemas de desintegración familiar. Su objetivo es la prevención, a partir de un control de los fallos que puedan producirse en la sociabilidad primaria derivada de la pertenencia a una familia y vecindario. El individuo está, desde su nacimiento, incluido en redes de interde- pendencias que lo protegen al mismo tiempo que lo “adoctrinan” en la reproducción de su existencia social. La “desafiliación” (Castel, 1997), es decir, la ruptura de la trama de víncu- los sociales (aislamiento, abandono), hace que el individuo no posea las herramientas nece- sarias para conservar un espacio social, lo que puede llevarlo a situaciones de marginalidad (no solo económica). Las transformaciones en la familia y en la sociabilidad primaria vecinal estarían produciendo nuevas formas de exclusión que este modelo pretende contener, cuanto más temprano mejor, ya que este tipo de problemática se ve incrementada con los años.
Este modelo de política social se asentaría sobre la creación de una red de protección a la infancia que complementara (y en algunos casos, sustituyera) a la institución familiar.
ILUSTRACIÓN 5
AGENTES SOCIALES DEL MODELO PROGRAMÁTICO INTEGRAL PREVENTIVO PEDAGÓGICO DE POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES
Ayuntamiento
Servicios Sociales
Gabinete psicopedagógico Centro Educativo 1
Gabinete psicopedagógico Centro Educativo 2
Gabinete psicopedagógico Centro educativo 3
Centros de ocio y tiempo libre para menores
Familias
El trabajo social y el área educativa son quienes poseen mayor interrelación, como puede verse en los siguientes testimonios:
“Había que aprovechar el bagaje de experiencia que teníamos, porque reúnes a los seis psicólogos de los colegios, las tres trabajadoras sociales y las tres educadoras, y conocemos a toda la población, con nombre y apellido” (entrevista a coordinadora de Servicios Sociales).
“Soy psicóloga pero me defino como pedagoga, y como trabajadora comunitaria. Cada miembro del equipo de psicopedagogos de los colegios ha asumido un programa” (entrevista a psicóloga).
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La meta principal del modelo es prevenir los problemas antes de que se produzcan. Pero la contrapartida es un exceso de protección pública y una transferencia de responsabilidades familiares al ámbito institucional.
“Estos servicios de tanta calidad, pueden derivar en que tengamos a un nano monitorizado desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche, porque lo tengo en la ‘escola marinera’, en la escuela ordi- naria, en el comedor, la ludoteca, al final del día ha estado catorce horas monitorizado, con cinco personas diferentes” (entrevista a trabajadora social).
En los casos estudiados situados próximos a este modelo, evidentemente, existen otros programas sociales (tercera edad, discapacidad) pero el centro de su enfoque está en la metodología preventivo-pedagógica de la intervención social con el niño, la niña y su fa- milia.
d) Modelo programático articulado de participación social en las políticas de servicios sociales
Diversos autores (Rodríguez Cabrero 2013, 2004; Pérez Yruela y Navarro Ardoy, 2013; García Roca 2010; Moreno 2010; Alemán Bracho y García Serrano 2009) observan que la acción de protección social es compartida entre la acción estatal y una serie de agen- tes del mercado y de la sociedad civil. Lo que interesa en este análisis es la forma con- creta en que se produce esa colaboración ya que los agentes prestadores pueden coexis- tir en un territorio sin ningún tipo de articulación ni de interacción; o, por el contrario, funcionar en red.
El modelo que aquí se describe es una de las formas que puede asumir la relación entre los diferentes agentes. En el modelo articulado de participación social las organi- zaciones de la sociedad civil se vinculan a través de una red de acción instituida y coor- dinada por el personal técnico del ayuntamiento, en nuestro estudio, es el caso de To- rrent y en alguna medida, también de Aldaia. Su objetivo es lograr sinergias entre las múltiples intervenciones de los agentes sociales e institucionales radicados en el muni- cipio.
“Una familia puede ser atendida de manera simultánea por varias instancias, porque el crío es discapacitado y hay que buscarle lugar en un centro ocupacional, porque la familia sufre y hay que atenderla desde los servicios de terapia, o porque necesitan trabajo o porque hay asociaciones de padres que crean un centro de rehabilitación. Son soluciones complejas a problemas complejos” (entrevista a trabajadora social).
“La participación es necesaria, por ejemplo, en drogodependencias intervienen múltiples variables, entonces hay que intervenir en el plano técnico desde el municipio, pero también desde el ámbito so- cial. Un plan de prevención que vaya más allá de cubrir un expediente, tiene que implicar al conjunto de la sociedad” (entrevista a coordinador de servicio).
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A continuación se incluye un esquema del modelo articulado de participación social:
ILUSTRACIÓN 6
AGENTES SOCIALES DEL MODELO PROGRAMÁTICO ARTICULADO
DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DE POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES Centros educativos
Ciudadanía activa
ESB
“Otras comisiones sectoriales”
Centro ocupacional
Trabajador/a social “Comisión Discapacidad”
Asociaciones de padres y madres
Centro de salud
Otras entidades
Centros educativos
Centros especializados en adicciones
Trabajador/a
social “Comisión Drogodependencia”
Asociaciones de apoyo
Policía local
Centro de salud
Otras entidades
Trabajador/a social “Comisión Tercera Edad”
Centros de ocio
Asociaciones de tercera edad
Centro de s alud
Otras entidades
...
El modelo supone intervenciones en red, con un foro o comisión de diseño de los proce- dimientos que puede incluir una división de funciones entre los agentes y una complemen- tación de los servicios. La participación es promovida por el o la trabajadora social y cana- lizada por la vía de comisiones sectoriales (de discapacidad, drogodependencias, etc.). Cada entidad detenta sus propios recursos, y el Ayuntamiento puede subvencionar alguna acción concertada entre los participantes, pero su espíritu es hacer converger los recursos sociales presentes en la localidad.
Las restricciones del modelo se fundamentan en el cruce entre la organización en red de participación social y la estructura jerárquica de la organización pública municipal. Implica una resocialización de los agentes políticos que deben aceptar el compromiso con la socie- dad civil, como queda retratado en este testimonio:
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“Aquí no se trata de que los agentes sociales estén informados, sino de que participen en la toma de decisiones. Porque después los programas en servicios sociales están muy pautados por la normati- va, la ley, las órdenes de ayudas” (entrevista a trabajadora social).
Las comisiones sectoriales participativas establecen la agenda de prioridades que puede diferir de la generada por el ámbito político del ayuntamiento. Esto reclama el aprendizaje colectivo de nuevas pautas de concertación social, donde la participación cívica pueda tra- ducirse en una incidencia importante en la toma de decisiones políticas.
Pero también ha de producirse una resocialización de los actores de la sociedad civil, que abandonan su papel reivindicativo o de demandantes de recursos, para transformarse en copartícipes de las decisiones de diseño programático.
“Primero la gente de las entidades sociales no entendía bien para qué los llamaban del ayunta- miento. Y entonces le dices a la gente: estamos reunidos para trabajar todos juntos y te miran..., el ‘hacer entre todos’ les cuesta. Y después de tres años que nos venimos reuniendo es como que nos conocemos más, la participación es difícil pero ahora reconocen que sirve. Igual cuando terminan las reuniones les digo: me dejan todo para mí, ¡¡a ver si se involucran un poco!!” (entrevista a tra- bajadora social).
“La participación genera más complejidad, entonces tiene que ser un plan que sea posible, no po- demos plantear a las asociaciones cosas que no sean viables, porque eso sería una frustración, no po- demos poner los objetivos al 100% y eso genera de entrada un poquito de frustración, pero es preferi- ble no generar falsas expectativas” (entrevista a coordinador de ESBM).
Este modelo implica el aprendizaje de nuevas formas de negociación y concertación social, basadas en crecientes grados de acoplamiento (protocolos de intervención) e interde- pendencia entre los diferentes agentes.
“El objetivo de las comisiones participativas es aprovechar los recursos radicados en el municipio. Porque si no, si tú vienes a plantearme un problema, solo estoy yo y mi cualificación profesional. Y eso es bastante poco. Entonces, un trabajador social municipal dispone, aparte de los recursos básicos y de las ayudas y tal, de una cantidad de recursos especializados que los planes tienen misión de gene- rar” (entrevista a coordinadora de servicio).
“Hay tanta coordinación, y yo diría también, tanta persecución en el tema de los recursos, que cuan- do se produce una plaza, nosotros ya lo sabemos, tenemos información privilegiada. El Centro Especializado XX nos lo comunica primero a nosotros y después a Conselleria, porque si se produce una vacante y tenemos una necesidad, primero está nuestro municipio” (entrevista a trabajador social).
Las redes que se establecen entre los diferentes agentes sociales presentes en un mismo municipio pueden facilitar un mayor acceso a los recursos escasos como son las plazas pú- blicas en los recursos sociales especializados (residencias de personas mayores, pisos tutela- dos, centros ocupacionales, etc.). No es casual que este modelo prolifere en municipios
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medianos y grandes donde están radicados estos recursos, lo que puede redundar en un perjuicio en el acceso a estos recursos por parte de los municipios más pequeños. La pro- puesta de universalizar las redes de acción social (Herrera Gómez y Castón Boyer, 2003) como alternativa que sustituya el lugar central de la Administración pública puede introducir asimetrías en la prestación de servicios, ya que esas redes son dependientes de la densidad de presencia de entidades sociales en las localidades.
MODELOS “PARTIDOCRÁTICOS” DE POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES
En este punto se hace referencia a los modelos donde predomina la lucha partidaria por el poder, lucha que desborda el ámbito político y tiñe las actuaciones técnicas dentro del mu- nicipio.
“El concejal invade territorios donde no le corresponde. Esas cajas de regalos que viste no deberían estar ahí, usar esa metodología... Queda como la dádiva, la caridad, el regalito que hace el ayuntamien- to, lo hace por figurar, pero tiene sus respaldos políticos. Si le critico algo, me dice: yo soy el que manda, con esas palabras. Y tengo que aguantarlo todo” (entrevista a trabajadora social).
“Se va a comprar votos, es tener contento al cliente por encima de todo, de hecho [los concejales] no lo llevan bien cuando les decimos que no puede ser esto, no puede ser lo otro, no, todo tiene que ser: sí. Porque quieren tener a la gente muy contenta. Yo entiendo que se consigan votos a través de un mayor número de actividades o más oferta de ayudas o tal, pero no a través de regalos, comidas...” (entrevista a trabajadora social).
Cuando en la ejecución de la política predominan los intereses partidarios (cualquiera sea su orientación y denominación), la estructura municipal basada en la división por concejalías tiende a crear una estructura parcelada que no favorece la cooperación entre las diferentes áreas técnicas de trabajo. Cada área o sector de la organización municipal se transforma en el “feudo” de una facción partidaria, de modo que la organización es sometida, como diría Robert Michels, a la “ley de hierro de la oligarquía”.
a) Modelo “partidocrático-populista” de políticas de servicios sociales
Este modelo se orienta al sostenimiento de la élite política que el concejal del área de servi- cios sociales representa. Y se suelen promover los programas de ocio y tiempo libre, funda- mentalmente los dirigidos a personas mayores. En nuestro estudio, el caso que más se aproxima a este modelo, al menos durante el periodo bajo estudio, es el del Ayuntamiento de Massanassa. En su estructura se producen “chimeneas organizacionales” ya que el personal técnico no se coordina con sus pares de otras áreas, sino que reportan de sus acciones a “sus” jefes políticos (que son sus jefes jerárquicos más directos) para que estos tomen las decisio- nes. En otros términos, los políticos —al competir entre sí— no establecen estructuras de
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coordinación horizontal y cada área o feudo político actúa con independencia. En la metáfo- ra utilizada, el flujo decisional se escapa hacia arriba, sin establecer conexiones entre sí, como chimeneas autónomas. Cuando existen comisiones políticas, estas reproducen la lógi- ca clásica de “conmigo o contra mí” y su trabajo se desenvuelve en un clima de tensión alejado de las decisiones técnicas más apropiadas.
La sospecha, la falta de confianza, la escasa autonomía y la baja motivación en el ejerci- cio de los roles profesionales son la norma. En este modelo, en los programas de servicios sociales, resulta casi imposible integrar las actuaciones económicas, laborales, educativas, sanitarias, culturales y de atención psicosocial, que son esenciales para el cumplimiento de los objetivos planteados con las personas usuarias. Por ello, la innovación o la adaptación de las actuaciones se vuelve inexistente, y los ESBM se limitan a aplicar las políticas sociales definidas por sus jefaturas políticas y a cumplir las normas de un modo ritualista. Como no es posible movilizar recursos de otras áreas, la práctica profesional tiende a desviarse hacia esquemas asistencialistas, basados en la gestión de ayudas.
En la ilustración 7 se coloca al Área de Servicios Sociales como sector de apoyo del concejal/a de bienestar social. Lo mismo sucede con el resto de las áreas. Ello se debe a que son los y las concejalas quienes toman las decisiones, detentando también la conexión privi- legiada con la población. Esto no significa que el personal técnico carezca de contacto con las personas usuarias, sino que su relación se encuentra contaminada por la falta de autono- mía y poder decisorio.
ILUSTRACIÓN 7
AGENTES SOCIALES DEL MODELO PARTIDOCRÁTICO POPULISTA DE POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES
Alcalde
Asistencia populista de la población
La injerencia política en las decisiones técnicas es cotidiana y la población suele dirigir- se directamente al político para la obtención de beneficios para sufragar su situación social. Como el político subordina la estructura institucional a su necesidad de legitimación política otorga “ayudas” pasando por alto su falta de solvencia técnica. También se utiliza el recurso a regalos por diferentes motivos a distintos grupos de población.
La figura del alcalde es la que dota de alguna coherencia a la organización municipal ya que cuando alguna cuestión no puede resolverse en el área —y como la coordinación hori- zontal es deficiente— “sube” para ser resuelta por el ápice de la organización.
Concejalía de Bienestar Social
Servicios Sociales
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Concejalía de otras áreas municipales
Otra
área municipal
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b) Modelo partidocrático de coalición inestable
Este modelo es una variante del anterior y suele producirse cuando la élite gobernante está integrada por una coalición de partidos con un equilibrio de poderes (ninguna fuer- za es claramente mayoritaria), como se observó en nuestro estudio en el Ayuntamiento de Catarroja. En este modelo se refuerza la tendencia de atomización de la organización municipal ya que la cooperación inter áreas es prácticamente imposible. Las luchas entre las concejalías de los diversos partidos políticos producen una falta de colaboración entre los equipos técnicos de las diversas áreas, que son consideradas como “patrimo- nio” de cada partido y, por ello, el clima laboral es de intrigas permanentes y de falta de confianza.
ILUSTRACIÓN 8
AGENTES SOCIALES DEL MODELO PARTIDOCRÁTICO DE COALICIÓN INESTABLE DE POLÍTICAS DE SERVICIOS SOCIALES
Facción política A
Facción política C
Asistencia populista de la población
“En este momento hay una coalición y nosotros estamos influenciados por los diferentes partidos políticos. La nuestra es del [nombre de un partido político], la de ADL, el gabinete, la casa de la cul- tura, también; y juventud, tercera edad, mujer y deportes es de [otro partido político]. Hay que evitar suspicacias estar bien con todos. Yo hago un poco la conexión entre la parte política y la parte técnica, pero tenemos problemas” (entrevista a coordinadora).
“Antes teníamos un gobierno monocefálico, pero luego entra una coalición. Todo esto repercute en el equipo técnico, sobre todo porque antes se podía compartir un técnico entre dos áreas, pero ahora si esas áreas pertenecen a dos partidos diferentes eso no es posible. Esto complica mucho a la estructura de servicios sociales” (entrevista a trabajadora social).
El objetivo del político no es solo ganar las próximas elecciones, sino también la lucha faccional en el seno de la propia coalición gobernante, ya que no existe ninguna fuerza que sea claramente hegemónica.
En este modelo la figura del alcalde pierde peso, ya que la persona que ocupa ese sillón pertenece también a una facción en disputa, lo cual limita su poder para dar coherencia al sistema de organización.
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Alcalde y facción política B
Regidor/a de Bienestar Social
Servicios Sociales
Regidor/a de otra área municipal
Otra área municipal
Regidor/a de otras áreas municipales
Otra área municipal
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CONCLUSIONES
A lo largo del artículo se estilizan los elementos característicos de diferentes políticas de servicios sociales municipales con el fin de elaborar modelos teóricos que al mismo tiempo que dan cuenta de la variedad de políticas locales, pueden ser utilizados como herramientas de interpretación de casos en otros territorios.
Desde un punto de vista pragmático, se podría estar tentado a elegir un modelo como el ideal a seguir. Se podría adoptar el modelo “preventivo-pedagógico” para intentar dar solu- ciones antes de que los problemas aparezcan. Pero ello podría hacer perder de vista que se trata de un enfoque de la política social unidimensional centrado en las familias, mientras que las problemáticas sociales son multidimensionales; y además, los servicios sociales municipales podrían cometer un exceso de protección o control, restando funciones al papel integrador que cumplen otras instituciones sociales. Siguiendo con este razonamiento, tal vez podría encontrarse la solución en la participación comunitaria y diferentes autores se hacen eco de este paradigma. Pero pensar este modelo como ideal no contempla el hecho de que en determinadas poblaciones no existe una trama de actores sociales fuerte. Existen li- mitaciones espaciales y temporales en este modelo. Respecto de las primeras, porque solo surge en municipios de tamaño medio o grande y, al menos hasta el presente, este modelo no se ha desarrollado en territorios más amplios como los comarcales o provinciales ni tampoco en territorios más acotados como los pequeños municipios. Y temporales, porque en la me- dida en que no se institucionalice con una ley específica, este modelo puede quedar condi- cionado por factores de incertidumbre externos (de tipo político o económico).
De este modo, podríamos seguir señalando las ventajas e inconvenientes de cada modelo. En los casos de los dos modelos partidocráticos que, en principio, parecieran anacrónicos, sin embargo, son clave para interpretar la realidad de algunos municipios. También permiten vi- sualizar la existencia de realidades oscilantes, identificando las circunstancias que crean las condiciones para que las prácticas de las actores de las políticas sociales se transformen en clientelares. En definitiva, cada modelo aporta un elemento de interpretación de la compleja realidad que se vive en los municipios pero de ningún modo prescriben recetas políticas.
La estilización de modelos teóricos abre el abanico de posibilidades en torno a la orien- tación general que pueden asumir las políticas de servicios sociales locales, identificando las cuestiones que se ponen en juego en cada caso entre el estamento técnico y el político; y en la relación que se establece con la ciudadanía. Por este motivo, pensar con modelos nos brinda una visión sistémica, en la cual el trabajo comunitario, el profesional y el político se estructuran en función de una serie de elementos que son mutuamente dependientes entre sí. Pero no existe un “único y mejor modo de política social”, sino que cada municipio la ela- bora en función de una serie de factores de contingencia (Mintzberg, 2012) y también de su particular trayectoria institucional. En cada modelo se clarifican las partes principales, las orientaciones valorativas, los grados de eficiencia / ineficiencia y lo que está en juego en la política de servicios sociales. De este modo, este artículo ha pretendido, por un lado, ser una aporte tanto para pensar la política en los temas que hoy se relacionan con la gobernanza, como en lo referido a introducir cambios en las organizaciones públicas que preserven los núcleos técnicos esenciales. Y por otro, para la investigación, porque favorece el diagnóstico
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de casos concretos y, por lo tanto, por comparación de similitudes y diferencias, permite avanzar en el análisis de sistemas complejos como lo son los servicios sociales.
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Marcela Jabbaz es doctora en Sociología, Máster en Mediación Intercultural y Participación Ciuda- dana, Máster en Ciencias Sociales del Trabajo, profesora del Departamento de Sociología y Antropo- logía Social de la Universidad de Valencia. Ha sido investigadora de la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico de la Argentina, y profesora en ese país en Sociología de las Organizaciones y Metodología de la Investigación en diferentes universidades. Su actual línea de investigación es el área de los Servicios Sociales y también, la interculturalidad. En la Argentina sus temas han sido co- rrupción en las organizaciones, negociación colectiva en procesos de reconversión industrial, memoria histórica y pobreza.
Recibido: 01/08/2013 Aceptado: 08/04/2014
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AN

Antonio Navarro Mon 23 Feb 2015 1:16PM

Os paso las propuestas macro del CERMI para las autonómicas.

DOCUMENTO MARCO DE PROPUESTAS SOBRE INCLUSIÓN DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA INCORPORAR A LOS PROGRAMAS ELECTORALES DE LAS DISTINTAS FORMACIONES POLÍTICAS PARA LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL AÑO 2015

Diciembre, 2014.

1.- PROPUESTAS PARA LA CONFECCIÓN DE LISTAS
Propuesta 1.- Incorporación a las listas autonómicas que presenten los distintos partidos y formaciones a los comicios autonómicos de 2015 de candidatos y candidatas as con discapacidad con méritos para ello, en posiciones que aseguren su elección, de forma que el compromiso de estas agrupaciones políticas se manifieste no solo en cuestiones programáticas, sino también en las personas que, como responsables políticos, han de llevarlas a efecto.
2.- PROPUESTAS PROGRAMÁTICAS
A) PROPUESTA POLÍTICA MARCO
Propuesta 2.- Compromiso Comunidad Inclusiva. Compromiso para considerar la discapacidad como vector trasversal de atención preferente en todas las líneas de acción política del Gobierno y demás Instituciones de la Comunidad Autónoma.
Esta acción política se desarrollará con arreglo a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006 y firmada y ratificada por España.
Campañas de sensibilización, toma de conciencia e información sobre la Convención y los derechos de las personas con discapacidad y atención a la diversidad humana entre los funcionarios y empleados públicos, en especial, en el ámbito educativo, sanitario, fuerzas del orden y seguridad, protección civil, etc.
B) PROPUESTAS Y MEDIDAS
1.- De carácter general
Propuesta 3.- Aprobación en la Legislatura de una Ley Autonómica de Derechos, No Discriminación e Inclusión en la Comunidad de las Personas con Discapacidad, norma general de referencia de la discapacidad del territorio. Dicha Ley deberá estar en consonancia y ser complementaria y ampliadora de los derechos establecidos en las leyes marco de ámbito estatal como es la Ley 51/2003 de 2 de diciembre. Además, deber servir como instrumento legal para adaptar la normativa autonómica, transversalmente, a los principios, valores y mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad aprobada por las Naciones Unidas en 2006 y firmada y ratificada por España. Esta norma legal autonómica de nuevo cuño tendrá también que establecer un régimen de infracciones y sanciones, complementario del estatal, en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad para el territorio en cuestión.
La dimensión europea se incorporará a las políticas públicas de discapacidad mediante la asunción por parte de la Comunidad Autónoma y compromiso de poner en práctica los contenidos de la Estrategia de la Unión Europea 2020, incorporando transversalmente medidas para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.
Propuesta 4.- Tras la promulgación de Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia y la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), se hace necesario, para generar el cuarto pilar de un auténtico Estado del Bienestar, que los derechos sociales, en general, y los de las personas con discapacidad y sus familias, en particular, tengan la consideración y el rango de genuinos derechos, con las notas típicas de universalidad, carácter vinculante, exigibilidad y gratuidad. A este fin, cada Comunidad Autónoma deben dotarse de una legislación reguladora de derechos sociales plenos. Por tanto, el compromiso consiste en la aprobación de una Ley de derechos e inclusión sociales que concede carácter de derecho auténtico a los derechos sociales relacionados con el bienestar de las personas con discapacidad y sus familias.
Propuesta 5.- Creación de un Consejo Autonómico de Personas con Discapacidad, como emanación del principio de diálogo civil, órgano paritario de encuentro, participación, propuesta, debate, seguimiento y evaluación entre la Administración de la Comunidad Autónoma y el sector representativo de la discapacidad del territorio.
Propuesta 6.- Compromiso para crear en el Parlamento o Asamblea Autonómica una Comisión sobre Discapacidad encargada de analizar la situación de las personas con discapacidad y sus familias del territorio y formular propuestas y recomendaciones de mejora, así como de hacer el seguimiento de las políticas públicas de discapacidad del Ejecutivo autonómico.
Propuesta 7.- Puesta en marcha de campañas de sensibilización, toma de conciencia y educativas de forma periódica y sistemática, dirigidas a todos los grupos de población del ámbito competencial para trasladar y proyectar una imagen natural y positiva de la discapacidad y de la necesidad de asegurar sus derechos y su aportación a la comunidad sin exclusiones.
Estas campañas deberán extenderse a informar sobre la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad entre las autoridades y los empleados públicos, en especial, en el ámbito educativo, sanitario, fuerzas del orden y seguridad, protección civil, etc.
Propuesta 8.- Compromiso para articular normativamente el diálogo civil, recogiendo los principios, los ámbitos de diálogo y los interlocutores, el aseguramiento de la consulta en fase de planificación, ejecución, seguimiento y evaluación. Para ello se debe garantizar que todos los sectores representativos tengan una cobertura mínima de necesidades organizativas, de medios humanos y materiales
Establecimiento de la obligatoriedad de hacer informes previos de evaluación del impacto de cualquier norma o plan para determinar de antemano su efecto sobre las personas con discapacidad y sus familias.
Lo anterior, se complementará con la incorporación de representantes de organizaciones de personas con discapacidad y sus familias a los órganos de participación que existan en la Administración de la Comunidad Autónoma con los que la discapacidad tiene una conexión directa (educación, empleo, bienestar social, sanidad, vivienda y edificación y urbanismo, transporte, consumo, justicia, nuevas tecnologías, igualdad y mujer, etc.).
Propuesta 9.- Incorporar la perspectiva de la discapacidad a todas las políticas, estrategias, programas y acciones de la Comunidad Autónoma en materia de igualdad de género y promoción de los derechos de las mujeres.
Lo anterior, se completará con la aprobación y ejecución de un Plan Autonómico de Acción a favor de la Mujer con Discapacidad, en el que se recojan e instrumenten medidas de todo tipo a favor de la plena inclusión de las mujeres con discapacidad del territorio. Dicho Plan debe elaborarse de acuerdo con las organizaciones representativas de personas con discapacidad y sus familias.
2.- De carácter sectorial
a) Inclusión Laboral.
Propuesta 10.- Aprobación y puesta en práctica de un Plan Autonómico de Promoción de la Formación y Empleo de las Personas con Discapacidad, debatido y negociado con los agentes sociales y las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, con al menos las siguientes medidas:
Medida 10.1.- Puesta en marcha de un programa intensivo de alfabetización digital para grupos en riesgo de exclusión social, que incluya a las personas con discapacidad.
Medida 10.2.- Compromiso de ofrecer por el Servicio Público de Empleo a los demandantes de empleo con discapacidad una oferta formativa idónea a sus circunstancias, en el plazo de tres meses desde su inscripción en el registro de demandantes de empleo.
Medida 10.3.- En materia de empleo público, elevación al 7 %, como mínimo, de la cuota de reserva de empleo para personas con discapacidad en las Administraciones Públicas y organismos dependientes de la Comunidad Autónoma, creando subcuotas específicas para personas con discapacidad intelectual. Las convocatorias de acceso al empleo público y los procesos selectivos, se efectuarán por turno específico.
De igual modo, aprobación y adopción en cada Comunidad Autónoma de disposiciones normativas similares a las contenidas en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad, a fin de que sea realmente efectivo y aplicable. Concretamente del artículo 8 del mismo.
Medida 10.4.- Establecimiento de las medidas necesarias para garantizar que las personas con discapacidad cuenten con los productos de apoyo (ayudas técnicas) y con asistencias humanas que precisen en su relación laboral.
Medida 10.5.- Revisión del marco de incentivos establecidos con carácter general para el fomento de la contratación de personas con discapacidad, en el sentido de elevar para el caso de mujeres con discapacidad, así como las que tiene intensas necesidades de apoyo los incentivos establecidos para la generalidad de trabajadores con discapacidad en un 40 %, de forma que se dé preferencia a la contratación de estas personas.
También, adquirir el compromiso de ofrecer por el Servicio Público de Empleo a los demandantes de empleo con discapacidad itinerarios personalizados de inserción laboral, que comprendan orientación, acompañamiento, formación y contratos de trabajo a través de las fórmulas de colaboración con Corporaciones Locales y otras instituciones públicas. El personal de estos servicios contará con la cualificación profesional que exige el desempeño de su labor y con formación en materia de sensibilización y formación respecto a las capacidades y aptitudes que presentan las personas con discapacidad y la adaptación de los puestos de trabajo, así como sobre igualdad de oportunidades.
Medida 10.6.- Aumento en la cuantía de las ayudas para la adaptación de puestos de trabajo y para la plena accesibilidad del entorno laboral para personas con discapacidad, así como la creación de un organismo autonómico de asesoramiento en materia de adaptación de puestos, entorno laboral accesible y ergonomía.
Medida 10.7.- Plan de actuación de la Inspección de Trabajo para vigilar el cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad establecida legalmente o de sus medidas alternativas.
Medida 10.8.- Análisis del grado de cumplimiento de la cuota legal de reserva de empleo en las Administraciones Públicas y compromiso para alcanzarla a lo largo del mandato del Gobierno autonómico.
Medida 10.9.- Cumplimiento de la cuota de reserva legal de empleo o sus medidas alternativas para el personal laboral y para las empresas del sector público autonómica acogidas a la legislación laboral común.
Medida 10.10.- Prohibición a la Administración de la Comunidad Autónoma de contratar con empresas que no cumplan la cuota legal de reserva de empleo para personas con discapacidad establecida legalmente o sus medidas alternativas. Además, se propone que se prime a las empresas que contratan a un número de personas con discapacidad superior al obligado legalmente.
Asimismo, se establecerá legalmente la prohibición de entregar cualquier ayuda pública (subvención, incentivo, bonificación deducción, etc.) a empresas y entidades que estando obligadas no observen la cuota legal de reserva en favor de personas con discapacidad o hayan sido sancionadas en firme por discriminación de estas personas.
Medida 10.11.- Apoyo a las entidades no lucrativas del sector de la discapacidad para que se conviertan en colaboradoras del servicio autonómico de empleo en la puesta en marcha de itinerarios de inserción laboral dirigidos a personas con discapacidad desempleadas.
Medida 10.12.- Aumento de las ayudas directas (no en régimen de concurrencia competitiva), tanto en cuantía como en número de estas, a las entidades cuyo objeto es el fomento de la inserción al mercado laboral de personas con discapacidad.
Medida 10.13.- Reserva de al menos un 6 % de los contratos públicos que licite el sector público autonómico a empresas de empleo protegido sin ánimo de lucro de personas con discapacidad y de iniciativa social.
Medida 10.14.- Compromiso para desarrollar nuevas formas innovadoras de acceso e inclusión laboral, especialmente en áreas como las nuevas tecnologías de la información o el teletrabajo, también aplicadas para facilitar procesos de reinserción de profesionales que han experimentado una discapacidad sobrevenida.
Medida 10.15.- Aprobación de una normativa autonómica que reserve un 6 % de las oficinas de farmacia de nueva adjudicación a titulados de farmacia con discapacidad.
b) Accesibilidad Universal.
Propuesta 11.- Aprobación y puesta en práctica de un Plan Autonómico de Promoción de la Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad, debatido y negociado con las organizaciones de personas con discapacidad y sus familias, con al menos las siguientes medidas:
Medida 11.1.- Cualquier acción de divulgación realizada por parte de las autoridades autonómicas deberá ser accesible para las personas con discapacidad -subtitulación, lengua de signos, audiodescripción y lectura fácil-, tanto su contenido como el propio soporte en que se divulga (por ejemplo, campañas divulgativas, publicidad institucional, etc.).
Medida 11.2.- Establecimiento de la auditoría de accesibilidad, estudio previo de accesibilidad que deberá realizarse en toda obra o proyecto de infraestructura o de servicio que promueva o financie la Comunidad Autónoma, al modo de los estudios de impacto ambiental, sin cuyo dictamen favorable no podrá autorizarse la obra o proyecto.
Medida 11.3.- Creación de un Fondo Autonómico para la Promoción de la Accesibilidad, nutrido por los recursos procedentes de destinar al mismo el 1 % del montante total de la inversión que dedique anualmente la Administración de la Comunidad Autónoma a obras e infraestructuras y a nuevas tecnologías y a sociedad digital.
Medida 11.4.- Sometimiento de las subvenciones que la Comunidad Autónoma entrega a Entidades públicas o privadas para la realización de obras o proyectos de construcción e infraestructura o puesta en práctica de servicios al requisito previo de acreditación del cumplimiento de la legislación autonómica sobre accesibilidad y eliminación de barreras.
Medida 11.5.- Adopción de las medidas necesarias para hacer efectivos los desarrollos del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social.
Medida 11.6.- Aprobación de una Ley Autonómica de Accesibilidad Universal de última generación, que actualice el marco normativo en esta materia con arreglo a los principios y tendencias más innovadores. En caso de contar ya con esta legislación, compromiso para completar el desarrollo reglamentario, en el primer año de la Legislatura, de las Leyes de Promoción de la Accesibilidad, en el supuesto de que esté pendiente este desarrollo.
Medida 11.7.- Establecer un sello autonómico/regional de calidad de servicios que tenga en cuenta la accesibilidad.
Medida 11.8.- Compromiso para realizar una auditoría integral de accesibilidad de cada uno de los servicios centrales de las distintas Consejerías de la Comunidades Autónomas, en el primer año de la Legislatura, y ejecución de esas obras o actuaciones de acondicionamiento en los dos siguientes, con cargo a los presupuestos ordinarios de cada Departamento. Esto mismo, y gradualmente, para el resto de edificios y dependencias públicas de la Comunidad Autónoma. En cualquier caso, se tendrá como referente temporal máximo (año 2017) el establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013.
Medida 11.9.- Adopción de las medidas necesarias para hacer efectivo lo establecido en Real Decreto Legislativo 1/2013.
Medida 11.10.- Aprobación de un Decreto Autonómico que establezca la obligación de un tanto por ciento de habitaciones accesibles en hoteles y demás dependencias turísticas de nueva construcción o por renovación de instalaciones anticuadas.
Medida 11.11.- En materia de transporte público, a) compromiso de hacer accesibles en la Legislatura todas las Líneas de Metro o tranvía que todavía no sean accesibles, para las ciudades que dispongan de este servicio) y b) compromiso de que en todas las nuevas concesiones administrativas para servicios de transporte interurbano (autobús) se exija la plena accesibilidad de los elementos de transporte. En cualquier caso, se tendrá como referente temporal máximo el establecido en el Real Decreto Legislativo 1/2013.
Medida 11.12.- Modificación de la reglamentación autonómica del servicio público de taxi para que establecer una reserva obligatoria de “taxis para todas” las personas, no inferior a la exigida por la normativa estatal, de total del parque (5 %), o fracción, que comenzará a hacerse efectivo con las concesiones de nuevas licencias o renovación de las antiguas por cambio de vehículo.
Medida 11.13.- Obligación de que un tanto por ciento de las viviendas de protección oficial y promoción pública sean accesibles y se destinen a personas con discapacidad (incluidas las que tienen problemas de movilidad o comunicación), mejorando los mínimos de reserva establecidos por las leyes estatales. Esta reserva se extenderá también a las organizaciones de personas con discapacidad para la habilitación de programas de viviendas de apoyo, pisos piloto de convivencia, centros de vida independiente, etc.
Medida 11.14.- Reconocimiento y regulación, a escala autonómica, de la Lengua de Signos y regulación de los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, mediante una ley específica, que vaya más allá de lo establecido en esta materia por el Estado.
Accesibilidad a las Nuevas Tecnologías y a la Sociedad de la Información
Medida 11.15.- En el caso de que la Comunidad Autónoma disponga de canal autonómico de TV, obligación de subtitulación, emisión en lengua de signos y audiodescripción de un tanto por ciento significativo de las emisiones, con compromisos de ampliación gradual hasta completar toda la parrilla, todo ello mejorando los baremos mínimos incluidos en la Ley General de Comunicación Audiovisual de ámbito estatal.
Medida 11.16.- Compromiso de cumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico que todas las páginas de Internet públicas del ámbito de la Comunidad Autónoma, así como las posiciones en redes sociales, sean accesibles, así como se diseñen con criterios de accesibilidad los servicios de administración electrónica que se pongan en marcha, cumpliendo como mínimo los criterios establecidos en la normativa estatal, mejorándola en todo caso.
Medida 11.17.- Accesibilidad para todos a los servicios de urgencia y emergencias, creando servicios y protocolos específicos.
Medida 11.18.- Establecimiento de la prohibición de adquirir elementos electrónicos, de proceso de información y demás herramientas propias de la sociedad de la información por parte de la Comunidad Autónoma o de poner en funcionamiento programas o servicios electrónicos que no sean accesibles para personas con discapacidad.
Medida 11.19.- Garantizar la accesibilidad universal de la Administración Electrónica para que todas las personas puedan relacionarse sin exclusiones con la Administración Autonómica por vías o medios digitales.
Medida 11.20.- Constitución en cada Comunidad Autónoma de la correspondiente Junta de Arbitraje en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal.
c) Inclusión en la comunidad, vida independiente y discapacidades en expansión.
Propuesta 12.- Creación de centros autonómicos y provinciales de referencia de promoción de la vida independiente (Oficinas de Vida Independiente – OVIs) para personas con discapacidad del territorio, y establecimiento de programas de vida independiente (en especial, de asistencia personal), a fin de extender esta cultura y estas prestaciones entre las personas con discapacidad, procediendo a la desinstitucionalización, y a garantizar apoyos a través del enfoque de los servicios comunitarios.
Propuesta 13.- Asignación a todas las personas con discapacidad declaradas en situación de dependencia, en el marco del SAAD, con carácter automático de los servicios de prevención de la dependencia y de los de promoción de la autonomía personal. Para atender esta demanda potencial, consecuentemente, se precisa la creación de este tipo de servicios en el territorio de la comunidad autónoma.
Compromiso firme del Gobierno autonómico para no aplicar la participación en el coste de los servicios sociales (exención de copago) a las personas usarías con discapacidad y a sus familias, aunque la legislación estatal lo permita.

Propuesta 14.- Creación en cada Comunidad Autónoma de sendos centros de referencia dedicados a discapacidades en expansión (salud mental, daño cerebral sobrevenido y enfermedades raras o de poca frecuencia).
Propuesta 16.- Modificación de la Ley de servicios sociales de la Comunidad para regular el “concierto social”, modalidad de contratación administrativa entre la Administración pública territorial y las entidades sociales no lucrativas que gestionan servicios sociales de atención a personas, para garantizar su continuidad, calidad y sostenibilidad.
Propuesta 17.- Aprobación de un Plan Autonómico de Promoción e Inclusión de las Personas con Discapacidad residentes en el medio rural, que recoja sistematizadamente acciones y medidas de desarrollo humano e inclusión social en favor de este sector de la población con discapacidad.
c) Fiscalidad.
Propuesta 18.- Revisión de la legislación en materia fiscal sobre la que tenga potestad legislativa la Comunidad Autónoma para en todos los supuestos que sea posible mejorar, respecto del tratamiento común, a las personas con discapacidad (especialmente, aquellas con más necesidades de apoyo para su autonomía personal: más del 65 % de grado de discapacidad), a las familias con miembros con discapacidad, y a sus organizaciones.
d) Educación.
Propuesta 17.- Creación de un Foro Autonómico de Inclusión Educativa de las Personas con Discapacidad, órgano paritario de encuentro y debate entre la Administración educativa de la Comunidad Autónoma y el sector de la discapacidad del territorio.
Propuesta 18.- Aprobación y puesta en marcha de un Plan Autonómico de Reactivación de la Educación Inclusiva de Personas con Discapacidad. De acuerdo con la Convención de la ONU, el objetivo de los sistemas educativos respecto de la discapacidad debe ser la inclusión, por lo que hay que proceder a escolarizar a todo el alumnado con discapacidad en entornos ordinarios, convirtiendo las estructuras de educación especial aún existentes en recursos de apoyo y haciéndolas converger hacia la educación inclusiva, con apoyos garantizados para que resulte efectivo el derecho.
Propuesta 19.- Promover recursos y apoyos para garantizar como derecho la atención temprana, la educación y la promoción de la autonomía personal a los niños y niñas con discapacidad de hasta por lo menos 6 años
Propuesta 20.- Compromiso decidido por la inclusión escolar: formación y concienciación permanente del profesorado y de los especialistas de apoyo al alumnado con discapacidad, estabilidad de los profesionales de apoyo, dotación adecuada y suficiente de recursos educativos, en todas las etapas, con especial atención para la calidad en entornos rurales.
Propuesta 21.- Adopción de medidas necesarias para extender la inclusión educativa a lo largo de todo el sistema educativo, considerando etapas fundamentales como la atención temprana, la educación infantil, la formación profesional, la formación universitaria y la formación de adultos. Asimismo, garantizar la accesibilidad de los entornos educativos, físicos, pedagógicos y virtuales (Programa Escuela 2.0, p.e.), para que todo el alumnado tenga acceso a los contenidos curriculares y la enseñanza y demás actividades escolares en igualdad de condiciones, con especial atención a entornos rurales.
Propuesta 22.- Garantizar la presencia de la discapacidad organizada como miembro de pleno derecho en todos los consejos escolares de ámbito autonómico.
Propuesta 23.- Creación de un centro autonómico de referencia sobre universidad y discapacidad, encargado de garantizar los apoyos y la educación inclusiva al alumnado universitario con discapacidad.
Propuesta 24. Incorporación, en los planes de estudio universitarios relacionados con la actividad docente, de especialización en materia de discapacidad para capacitar al profesorado ante los nuevos retos educativos que supone el alumnado con discapacidad. Igualmente, se debe prever la formación permanente y la actualización competencial del profesorado en activo.
Propuesta 25. Ampliación de las personas beneficiarias de las becas y ayudas al estudio para garantizar estas ayudas a todos los universitarios con discapacidad.
e) Salud, espacio sociosanitario y consumo.
Propuesta 26.- Aprobación de un Plan Autonómico de Atención Sociosanitaria a las Personas con Discapacidad y a sus Familias, que conjugue los aspectos sanitarios y sociales sobre la base de un modelo sociosanitario integrado inclusivo.
Propuesta 27.- Establecimiento de la atención bucodental como prestación del sistema público de salud para los niños y niñas con discapacidad hasta los 18 años, con posibilidad de extensión de edad para determinados tipos de discapacidad.
Propuesta 28.- Renovación y actualización del catálogo de prestación ortoprotésica y revisión del procedimiento de reembolso de gastos. Ampliación a escala autonómica de lo establecido, con carácter general, en la cartera de servicios ortoprotésicos del Sistema Nacional de Salud.
Propuesta 29.- Cumplimiento de la legislación en materia de igualdad de oportunidades y accesibilidad y eliminación de barreras de todo tipo de los centros sanitarios y accesibilidad de la información general, así como de todos los trámites, gestiones, asistencia en hospitales, etc., para personas con discapacidad, mediante la formación del personal administrativo y sanitario.
Propuesta 30.- Aprobación y despliegue de un Plan Integral Autonómico de Atención a la Salud Mental en aquellas Comunidades Autonómicas y Ciudades Autónomas que no lo hayan desarrollado o no esté vigente, en línea con la Estrategia de Salud Mental aprobada por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud 2006, debatido y negociado con los agentes sociales y las organizaciones de personas con enfermedad mental y sus familias, añadiendo al menos las siguientes medidas:
30.1.- Dichos Planes deben especificar su financiación, cronograma de implantación, sistemas de evaluación junto con los medios económicos, personales y técnicos para ello.

30.2.- Desarrollo de acciones de promoción de la salud mental y prevención de la enfermedad mental en cada uno de los grupos de edad o etapas de la vida (infancia, adolescencia, edad adulta y las personas mayores) diferenciando en cada etapa necesidades diferenciales de ambos sexos.
30.3.- Realizar actuaciones de apoyo por medio de los servicios de prevención y comités de salud laboral de las Comunidades Autónomas encaminadas a prevenir el estrés laboral y los trastornos mentales asociados al trabajo.
30.4.- Incluir acciones e intervenciones integrales y específicas que favorezcan la erradicación del estigma y la discriminación asociados a las personas con trastornos mentales.
30.5.- Promocionar iniciativas para revisar y actuar sobre las barreras normativas que puedan afectar al pleno ejercicio de la ciudadanía de las personas con trastorno mental en consonancia con la aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
30.6.- Crear y desarrollar Unidades/ Centros o Servicios de Salud Mental compuestas por equipos multidisciplinares dotados con número suficiente de psiquiatras, psicólogos clínicos, enfermeros, trabajadores sociales, auxiliares, auxiliares de apoyo domiciliario y cuantos otros (terapeuta ocupacional, educador social o similares) recomienden las mejores prácticas disponibles. Estos equipos ofertarán una atención integral teniendo en cuenta la naturaleza bio-psicosocial de la salud, la diversidad de las personas y los requerimientos específicos del paciente y de su entorno de convivencia para garantizar los tratamientos menos restrictivos posibles con implicación de la persona con enfermedad mental en las decisiones y facilitando la colaboración de sus cuidadores informales cuando los hubiere.
30.7.- Crear o adecuarán unidades y/o programas específicos para dar respuesta a las necesidades de niños, niñas y adolescentes en materia de salud mental así como las personas con patología dual.
30.8.- Implantar por las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias, mecanismos eficaces de coordinación dentro de cada estructura territorial sanitaria, entre los diversos dispositivos sanitarios y sociales implicados en la atención a las personas con enfermedad mental, familias y red de apoyo.
Propuesta 31.- La aplicación y seguimiento del Programa de Detección Precoz de la Sordera Infantil, con carácter universal, conforme al consenso de mínimos aprobado por el seno del Consejo Interterritorial de Salud, en 2003.
f) Protección social.
Propuesta 32.- Creación de un Fondo Autonómico de Lucha contra la Exclusión Social y la Pobreza, integrado por al menos el 5 % del total del presupuesto municipal o provincial -fondos nuevos, destinados a este fin- que sirva para financiar estrategias, programas y proyectos, que atenúen el devastador impacto social de la crisis económica de los últimos años, en colaboración activa con el tercer sector de acción social y cívica del territorio.
Propuesta 33.- Aprobación de un Plan de Atención Integral a las Familias con Miembros con Discapacidad, que amplíe y mejore lo dispuesto en las leyes estatales y en las propias normas autonómicas.
Propuesta 34.- Inclusión de las personas con discapacidad que no dispongan de medios o recursos en los programas de rentas mínimas de las Comunidades Autónomas, que han de existir en todas y cada una de ellas.
g) Protección jurídica y derechos de las personas con discapacidad institucionalizadas.
Propuesta 35.- Establecimiento en colaboración con los Colegios de Abogados de Servicios de Orientación Jurídica para Personas con Discapacidad.
Propuesta 36.- A la par que las políticas públicas de discapacidad deben orientarse a la inclusión en la comunidad, y por tanto a abandonar los modelos segregadores mediante instituciones especiales, revisión de la legislación en materia de atención a personas con discapacidad institucionalizadas para garantizar el escrupuloso respeto y la protección de sus derechos fundamentales, mientras perduren estas situaciones.
En especial, desaparición y creación de alternativas bajo modelo de atención comunitaria e inclusión, en todas las Comunidades Autónomas, de los establecimientos sanitarios de atención a la población con enfermedad mental de titularidad local y provincial en cumplimiento de la Ley General de Sanidad de 1986 y Ley de Cohesión y Calidad del Sistema de Salud del 2003.
En relación con la población con enfermedad mental institucionalizada en establecimientos penitenciarios (hospitales psquiátricos penitenciarios y centros penitenciarios):
36.1.- Adopción de las medidas necesarias con el fin de iniciar y desarrollar los procesos que culminen en la asunción de competencias en materia de sanidad penitenciaria por parte de las Comunidades Autónomas (excepto Cataluña) en cumplimiento con la Ley de Cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud del 2003.
36.2.- Desarrollo y aplicación del Real Decreto 515/2005 sobre ejecución de medidas penales alternativas en todas las Comunidades Autónomas en relación con la población con discapacidad.
36.3.- Adopción de las medidas necesarias para la desaparición de los Hospitales Psiquiátricos Penitenciarios de Alicante y Sevilla con la consiguiente creación de alternativas en todas las Comunidades Autónomas.
h) Cultura, ocio inclusivo y deporte
Propuesta 37.- Creación de programas centrados en el ocio inclusivo, tiempo libre y respiro familiar.
Propuesta 38.- Apoyo a los deportistas paralímpicos del territorio y programas de fomento de deporte base y escolar.
Incrementar la práctica deportiva en las instalaciones públicas mediante la incorporación de personas con discapacidad en los grupos convencionales existentes o en grupos específicos, así como en el resto de actividades organizadas (campeonatos escolares, escuelas deportivas, programas deportivos, etc.).
Potenciar la inclusión del deporte de las personas con discapacidad en las diferentes Federaciones Autonómicas de Deportes, en todo tipo de competiciones, así como apoyar a las distintas Federaciones de Deportes de personas con discapacidad y los procesos de convergencia e integración.
Propuesta 39.- Garantizar la accesibilidad para las personas con discapacidad a los museos, centros culturales o de arte (espectáculos, actos, instalaciones deportivas, etc.) e instalaciones deportivas que gestione la Comunidad Autónoma, así como promover la gratuidad para su disfrute.
Propuesta 40.- Crear sistemas de accesibilidad a los programas y campañas públicas de divulgación y creación artística y cultural (semanas de cine, festivales de teatro y música, exposiciones, jornadas, etc.) tanto en su disfrute como en la participación de iniciativas creativas de las personas con discapacidad.
Propuesta 41.- Formación a los profesionales de las administraciones autonómicas que intervienen en el diseño, gestión, realización, información y soporte de las actividades culturales, recreativas, deportivas y de ocio sobre las características y sistemas de accesibilidad de las personas con discapacidad.
i) Otras materias.
Propuesta 42.- Compromiso para perseguir las actividades de juego ilegal que utilizan a las personas con discapacidad o a otros grupos sociales vulnerables como reclamo para sus fines ilícitos.
Acometer acciones contra aquellas manifestaciones de juego ilegal consolidadas o que constituyen una seria amenaza de consolidación en el ámbito territorial de cada Comunidad Autónoma, aplicando sus respectivas normas de juego e imponiendo las sanciones administrativas previstas en las mismas
Desarrollar periódicamente y de forma coordinada con el resto de las Comunidades Autónomas y con la Administración General del Estado acciones sostenidas y enérgicas para la completa erradicación de cualquier actividad de juego ilegal de ámbito nacional o supracomunitario.
Poner en conocimiento de los Cuerpos de Seguridad y de los órganos jurisdiccionales competentes aquellas actividades de juego ilegal que, además de infracciones administrativas, puedan ser constitutivas de delito.
j) Imagen social.
Propuesta 43.- Cobertura informativa de la discapacidad de una forma inclusiva en los medios de comunicación que dependan de la Comunidad Autónoma, incorporando personas con discapacidad en sus plantillas como un elemento más de imagen ajustada y de proximidad.
k) Juventud.)
Propuesta 44.- Como vector transversal en todas las líneas de acción política de los gobiernos e instituciones autonómicas, adopción de Planes Autonómicos de Acción a favor de los jóvenes con discapacidad.
Propuesta 45.- Establecer medidas que favorezcan la participación e inclusión de los jóvenes con discapacidad en los distintos órganos de participación juvenil, modificando los reglamentos normativos que lo impiden actualmente.
l) Democracia participativa y diálogo civil.
Propuesta 45.- Inclusión de una representación de la discapacidad organizada del territorio en todos los órganos de participación, debate y consulta de políticas públicas de la Administración autonómica, que guarden relación directa con los derechos e intereses de las personas con discapacidad y sus familias, tales como:
● Consejo Económico y Social.
● Consejo Escolar.
● Consejo de Bienestar Social.
● Consejo de Consumidores.
● Consejo de Transportes.
● Consejo de Vivienda.
● Consejo de la Mujer/Igualdad.
● Consejo de Familia.
● Consejo de Mayores.
● Consejos de Infancia.
● Etc.