Propuesta planteada

Impulsar la I+D+i

La Investigación científica, el Desarrollo tecnológico y la innovación (I+D+i) son ámbitos fundamentales para un desarrollo social y ecológicamente sostenible. Actualmente se están aplicando recortes en I+D+i que están estrangulando el sistema científico. Se está produciendo un franco retroceso en el fortalecimiento de la base de conocimiento: el nivel de inversión en educación sigue siendo demasiado bajo; el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje permanente es limitado. En España el exilio profesional se ha convertido en una salida para una generación de jóvenes con excelente formación.
Consideramos necesario alcanzar una inversión del 3% del PIB dedicado a I+D. Las prioridades en este ámbito pasan por aumentar la inversión en conocimiento, reforzando los campos de la investigación, la innovación, la educación y la formación permanente.
En la Estrategia Nacional para el impulso del I+D+i, propondremos un conjunto de medidas que deberán ser integradas con la Estrategia 2020 de la UE, que deberá tener otro modelo de gestión:
Garantizar el carácter público del resultado de investigaciones financiadas con fondos públicos, deben ser de libre utilización y difusión, así como también aquellas que afecten a necesidades básicas (como medicamentos, etc.).
Prioridad en la investigación y aplicación de tecnologías que mejoren el empleo en función de la relación innovación/volumen-calidad del empleo generado. Promoción de la investigación orientada a las necesidades sociales: protección del medio ambiente, energías renovables y limpias, salud laboral y ambiental.
Desarrollo de tecnologías genéricas y respetuosas con el medio ambiente y la salud pública.
Democratización de la planificación, priorización y gestión de los programas de I+D, que se basará en criterios de rentabilidad social. Crear condiciones para que aumente la inversión en investigación, pero manteniendo niveles elevados de financiación pública en campos prioritarios. Limitación del papel de los grupos industriales en la orientación de la política tecnológica.
Inclusión de la cohesión como criterio relevante para las propuestas de investigación, destacando las que pueden resolver problemas en las CC.AA. menos desarrolladas.
Aplicación del principio de precaución en la evaluación de los programas, especialmente en Biotecnología, Medio Ambiente, telecomunicaciones y Energía.
Recuperación y fomento de la investigación en temas socioeconómicos, con especial énfasis en estudios de marginación y exclusión social, emigración, discriminación, consecuencias sociales del paro y de la precariedad laboral y de la exposición a tóxicos.
Establecimiento de un presupuesto mínimo dedicado a temas socioeconómicos en cada instrumento del programa. Línea de financiación para proyectos de investigación que respondan a las demandas de las organizaciones sociales.
Generación de Políticas integradas de participación entre proyectos europeos y nacionales. Cooperación científica y tecnológica con los países en desarrollo.
Orientación de los recursos de I+D a aplicaciones civiles, descartando el modelo de desarrollo vía innovación militar.

• Aprobar otra Ley de la Ciencia

Con los siguientes objetivos:
Ayudar a la creación de un tejido productivo de calidad en el que la innovación e investigación jueguen un papel fundamental.
Responder a la nueva realidad autonómica, asegurando la coordinación efectiva de las actividades de I+D+I entre la Administración General del Estado y las administraciones autonómicas.
Establecer un marco adecuado de relaciones entre el sector público y las empresas. Un marco que tenga en cuenta las características de la I+D de las instituciones públicas y de innovación de las empresas, y que sea claro y seguro para todos: empresas e instituciones públicas, con criterios claros sobre propiedad industrial e intelectual, y sobre los retornos de las actividades comunes; y de participación de las instituciones públicas en resultados y modelos de relación entre Spin-off y sus centros de origen.
Incluir el derecho a la carrera profesional evaluable para el conjunto de las funciones de investigación: científicos, técnicos y de gestión en el marco del Estatuto del Empleado Público y sujeto a las normas de negociación incluidas en el mismo, dignificando y dando estabilidad al colectivo en su conjunto.
Asegurar la financiación adecuada y el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Nacional de Reformas de alcanzar el 2 por ciento del PIB para 2010.
Es preciso configurar el Programa Marco de Investigación e Innovación Tecnológica (PMI), que se plantea como el instrumento primordial de la política científica y tecnológica de la Administración General del Estado, diseñado y financiado en colaboración con las Administraciones Autonómicas, para impulsar el desarrollo del sistema español CienciaTecnología-Empresa. Este Programa debe ser elaborado con participación en términos de igualdad (con las correcciones oportunas según PIB, población, inversión en I+D+i, etc.) a imagen del Programa Marco Europeo; y financiado por todas las administraciones, que aseguraría el cumplimiento del principio de subsidiariedad, de no duplicar esfuerzos.
No a la subcontratación en los organos de Investigación Pública de todo personal ( limpieza , técnicos, investigadoras....).