Texto alternativo:
PRINCIPIOS PARA LA REGENERACIÓN POLÍTICA

Por la vocación a la desprofesionalización de la política.
El político electo no puede convertirse en un profesional de la política, es decir, no debería aspirar a hacer de su paso por la política una forma de vida, ni en el presente, ni en el futuro. Hay que acabar con los políticos con
20 o 30 años de ejercicio a sus espaldas.
Una persona puede estar toda su vida afiliado a un partido político y colaborar tan activamente como desee en su estructura y funcionamiento, pero una vez incluido en una lista electoral si sale elegido ocupando un
cargo público no podrá acumular más de ocho años de ejercicio y con posterioridad deberá reincorporarse a la que fuera su actividad anterior (fontanero, ama de casa, profesor de universidad o desempleado) y se jubilará cuando le corresponda, sin ninguna prebenda o privilegio fruto de su paso por la política.

Por la disciplina a instrumentalizar la política al servicio del pueblo.
La primera y principal ocupación del político electo, debe ser escuchar las necesidades que marque la sociedad en todo momento y buscar el cauce más adecuado para darles solución. El político no tiene un cheque en blanco para decidir durante cuatro años donde se sitúa el interés general, es la ciudadanía quien debe marcar las necesidades y el político resolverlas.
La gestión económica debe quedar en manos de gestores profesionales (gerentes) con responsabilidad jurídico-penal por dicha gestión. El político no ha de tener opción a meter la mano en el saco.

Por la remuneración al equilibrio
Retribución suficiente pero pública y conocida. Hay que acabar con las dietas, los gastos de representación, los bonos por asistencia a consejos, etc. El político electo tiene que ser remunerado en base a una tabla salarial acorde a sus responsabilidades pero sometida al IPC como otro asalariado.

Por la entrega a la dedicación exclusiva.
Un cargo electo tiene que poner a disposición del ejercicio de dicho cargo todas sus habilidades en su tiempo laboral. No es de recibo que una misma persona salga elegida para ocupar diversos cargos públicos, en diferentes convocatorias electorales. (ej. Parlament Catalunya: 135 escaños de ellos
53 son cargos municipales un 40%, de ellos 22 son alcaldes y 1 senadora).
Por la honestidad al compromiso.
Los programas electorales deben dejar de ser simples declaraciones de intenciones, para convertirse en un compromiso real en la medida que permitan los resultados electorales de cada fuerza política. Se han de habilitar mecanismos de participación para que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento permanente del grado de cumplimiento efectivo de ellos.

Por la asertividad a la transparencia
Agendas abiertas – La actividad de los cargos electos tiene que ser siempre pública y conocida. El ciudadano tiene que conocer de primera mano el tiempo que los políticos dedican a defender los intereses del pueblo, y el momento y lugar en que esa actividad se produce. Una información completa, de detalle y en tiempo real es el primer derecho del ciudadano.

Por la obediencia a la responsabilidad
Revocabilidad permanente de los cargos electos, mediante la definición de mayorías ciudadanas claras que puedan poner en marcha Iniciativas de Restitución Democrática, ante supuestos que vulneren de manera evidente
el código ético o los principios para la regeneración política.

Por el rigor político al mandato popular.
Rendición de cuentas públicamente cada año. Las entidades vecinales, los movimientos sociales y la ciudadanía han de disponer de herramientas de participación ciudadana que les permitan evaluar públicamente la labor de
los políticos en su ámbito de influencia.

Por la coherencia al fin de las puertas rotatorias.
El político electo tiene que asumir que al finalizar su mandato y durante un periodo de entre 5 y 10 años no podrá incorporarse a cargos de
responsabilidad en la empresa privada que tuvieran relación directa con su anterior ejercicio público.

Por el respeto a la ciudadanía a la cautela.
Renuncia expresa del político a disfrutar de cualquier privilegio jurídico o material derivado de forma directa de su condición de representante electo
de la ciudadanía.
Por la ecuanimidad al comportamiento objetivo.
El cargo electo debe mantener el compromiso de inhibirse o abstenerse de participar en cualquier decisión que tenga o pueda tener influencia en su desempeño profesional pasado o futuro, en sus actividades económicas particulares o en su patrimonio personal..

Por la justicia a la ejemplaridad.
El político electo que se viese incurso en un procedimiento penal con una demanda de pena superior a tres años deberá abandonar temporalmente su cargo a partir del momento en que se le abra juicio oral. En caso que finalmente fuere condenado en sentencia firme no recurrible, se considerará inhabilitado de por vida para ocupar cargos públicos.

Por la participación ciudadana a la regeneración de la democracia.
El ciudadano debe ocupar de manera habitual un protagonismo activo en la toma de decisiones políticas de los diferentes ámbitos. Presupuestos participativos, consultas populares, consejos asamblearios de barrio y consejos sectoriales han de garantizar la capacidad ciudadana de intervenir
en las decisiones de gobierno. Las Iniciativas Legislativas Populares tienen que moverse en un marco democrático que garantice su aplicabilidad.

Justificación: Las dos principales lacras que abren las puertas de la sociedad a una opción de cambio tan ambiciosa como Podemos son la interminable corrupción de la casta política y la absoluta falta de representatividad efectiva de la misma. O sea, el hastío general.